Organizaciones y activistas pro-transparencia serán atendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la que denunciaron la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la vulneración de derechos que eso implica.
El colectivo Observatorio de Designaciones Públicas, conformado por las organizaciones Fundar y Artículo 19, informó que, en respuesta a una petición formulada en diciembre pasado, el próximo 5 de marzo habrá una audiencia temática en la CIDH para exponer el caso de la desaparición del INAI y la eliminación del andamiaje legal del actual sistema de transparencia, que se extinguirá el próximo 20 de marzo.
En diciembre pasado, días después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que desapareció organismos autónomos, incluido el INAI, 109 organizaciones de la sociedad civil, 46 periodistas, 28 personas académicas y casi 90 ciudadanos y ciudadanas a título individual enviaron una carta a Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH, en la que solicitaron formalmente una “audiencia temática para exponer las implicaciones que atraviesan los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, y otros derechos humanos, ante la desaparición del andamiaje jurídico e institucional garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en México”.
En su petición, aseguraron que “esta audiencia temática permitirá alertar al Estado Mexicano de los riesgos a la estabilidad de un Estado democrático de derecho al eliminar la existencia de organismos autónomos, de control y contrapeso, como es el INAI y las transgresiones que genera al derecho a la información, así como las regresiones a los estándares de protección a los derechos a la información y protección de datos personales que genera la eliminación del INAI”.
También permitirá exponer el incumplimiento a los tratados internacionales, particularmente a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que implica la desaparición del órgano garante y la relevancia de establecer mecanismos efectivos de participación en la discusión de las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional aludida, así como la permanencia de los estándares y principios establecidos en el marco legal anterior, como piso mínimo para las adecuaciones posteriores”.
En el momento en que se envió la carta a la CIDH, todavía no se conocían las propuestas de leyes secundarias que reemplazarán a la actual legislación en materia de transparencia y que establecen el traslado de las funciones del INAI a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
LG