La demanda de agua en Puebla pasó de 254.8 hectómetros a 278.8 hectómetros, situación que revela un aumento de 9.4 por ciento en la sustracción del vital líquido y crece la presión sobre los acuíferos.
Valentina Campos Cabral, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga (IIMA) de la Universidad Iberoamericana Puebla, destacó que, aunque los acuíferos se están recargando, el nivel de extracción cada vez es mayor.
“La demanda se ha incrementado, entre 2015 y 2020. Hemos pasado de 254.8 hectómetros anuales de agua que se permite extraer a 278.8. Entonces, si observamos hay un incremento importante. No obstante, la recarga, permite una disponibilidad”, apuntó.
La disponibilidad de un acuífero está en función de la extracción de agua que es permitida por parte de la autoridad y por aquellos pozos informales y que no están reconocidos, en comparación con la recarga que ocurre de manera natural.
En entrevista para MILENIO Puebla, la investigadora de la Ibero Puebla destacó que, de los seis acuíferos que tiene Puebla, el que presenta mayor complicación es el de la región de Tecamachalco.
“De los seis acuíferos que tenemos, tenemos situaciones de estrés muy importante en el del valle de Tecamachalco. De hecho, tenemos un déficit en virtud de que se extrae más agua de la que se recarga y esto es una situación grave. No obstante, al revisar, digamos la condición y compararla con informaciones previas, lo que observamos es que hay una presión importante sobe el recurdo hídrico y hay cada vez mayor demanda, mayores volúmenes de extracción”, destacó.
Al mismo tiempo, la investigadora destacó que la falta de seguridad hídrica convierte a la cuenca del Atoyac y sus municipios circundantes en un campo de batalla, es decir, en diferentes complicaciones.
Destacó que en zonas como Huejotzingo, San Martín Texmelucan y la propia capital poblana son espacios de alta tensión entre las poblaciones, los gobiernos y las industrias emisoras de aguas contaminante.
Un recurso que originalmente marcaba las dinámicas sociales y culturales de las comunidades se convirtió en un afluente mortal por las descargas de contaminantes de zonas urbanas, entre ellos, clandestinos y de industrias.
“El 71 por ciento de la población vecina del Atoyac tiene cinco veces más daño genotóxico que un habitante de la Ciudad de México. Además, se reportan ambigüedades en la distribución de funciones a nivel gubernamental, lo que entorpece la aplicación de políticas públicas cabales”, apuntó.
Señaló que algunos de los detonantes de los problemas en la zona metropolitana de Puebla se presentan ante la transferencia de recursos, impacto en la población de procesos de contaminación, privatización de los bienes naturales y escasa incorporación de organizaciones locales en políticas públicas.
Para Campos Cabral, la problemática de aumento de extracción de agua, contaminación y problemas sociales requiere de un abordaje multidisciplinar que traduzca las evidencias del estado de la cuenca en acciones transformadoras.
“No solo es un problema técnico, sino social y de índole político. Únicamente con la participación activa de los actores sociales podrán conseguirse cambios significativos”, destacó la directora del IIMA de la Ibero.
CHM