La cuenta del Alto Atoyac, ubicada entre los estados de Puebla y Tlaxcala donde habitan más de 3.2 millones de personas, incumple con los derechos de asequibilidad y calidad necesaria para el cuidado de la vida humana, animal y vegetal.
De acuerdo con análisis sobre la cuenta del Alto Atoyac, realizados por Gabriela Pérez Castresana, investigadora del Instituto de Investigaciones en Medios Ambiente (IIMA) Xabier Gorostiaga de la Universidad Iberoamericana Puebla, y Samuel Rosado Zaidi, de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), en las últimos tres décadas, se establecieron índices cualitativos para determinar la extracción y consumo humano del agua en la zona; sin embargo, falta determinar la seguridad hídrica.
La cuenca del Alto Atoyac es una región rica en agua que se nutre de diversos ríos, condición que la convirtió en un espacio atractivo para las industrias, principalmente textileras y de autopartes, entre otras.
A lo largo de la historia, de acuerdo con Rosado Zaidi, los ríos pasaron de ser parte fundamental de la cultura y espiritualidad de las comunidades a drenajes para las empresas y habitantes de las poblaciones que se encuentran en la zona.
Ante la actividad industrial, comercial y habitacional, se calcula que se vierten hasta 200 millones de metros cúbicos de agua residual al año a la cuenca y la mayor parte de las descargas llegan de forma directa al río Atoyac; el resto, a través de canales, riachuelos e infiltraciones. De la misma forma, corredores como los de Huejotzingo y Cuautlancingo son los principales emisores de contaminantes que perjudican principalmente a las zonas de cultivo.
El investigador de la UNAM resaltó que la historia de las comunidades de la región data de los primeros asentamientos en Cacaxtla y Xochitecatl, atraídos por la abundancia de agua y tierra fértil. La convivencia armónica con las condiciones ambientales favorables se dio durante siglos hasta la llegada del modelo industrial en el siglo XX.
En la actualidad, las comunidades están expuestas a una diversidad de sustancias genotóxicas que derivan en enfermedades en la piel, intoxicaciones, malformaciones y muertes prematuras, destacó el investigador.
“Esta vulneración ha sido denunciada por décadas ante instancias locales y nacionales; también se han emprendido acciones comunitarias para proponer un protocolo de saneamiento integral de la cuenca”, apuntó.
Por su parte, la especialista del IIMA de la Ibero Puebla, Gabriela Pérez Castresana, resaltó que la seguridad hídrica debe entenderse como la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible al agua en cuestiones cuantitativas y cualitativas: los mantos acuíferos deben ser asequibles y con la calidad necesaria para el cuidado de la vida humana, animal y vegetal.
“En los 30 años, se han establecido índices cualitativos para determinar la extracción responsable, la preservación y el consumo humano del agua. Sin embargo, ninguno de los índices ha propuesto una relación integral que permita diagnosticar la seguridad hídrica de las cuencas hidrológicas, aun cuando el deterioro de estas es evidente a los sentidos”, comentó la especialista.
La mortalidad por condiciones crónicas no transmisibles es clave para determinar la salud pública de una región, pues su estudio contribuye a identificar factores ambientales de riesgo y patrones que permitan definir las políticas de salud.
AFM