Tras los señalamientos como presunto acosador sexual y laboral, quejas que se han hecho del conocimiento del gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, un oficio dirigido al Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) y la acusación con una fotografía de su rostro en la marcha del 8 de marzo, el director general de la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi), Jorge Arturo Castañeda Montes de Oca, se mantiene en el cargo pese a que se ha iniciado una investigación en su contra.
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Las acusaciones contra el funcionario estatal se siguen a través del Protocolo Cero para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual y Laboral en la Administración Pública del Estado de Hidalgo.
MILENIO buscó al titular de la Comisión Estatal de Vivienda para saber su punto de vista sobre las acusaciones que se le hacen, sin embargo, evitó hacer algún pronunciamiento para, según él, no afectar los procedimientos iniciados a través del Protocolo.
Acusaciones de colectivos feministas
Montes de Oca es señalado como presunto acosador sexual y laboral en contra de los trabajadores de la Comisión de la que está al frente, así como un deudor alimentario en un oficio dirigido al IHM el cual tiene sello de recibido de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Guillermo Olivares Reyna.
Mercadita las Insurgentas, organizadoras de la marcha del 8 de marzo, confirmaron las denuncias en contra del funcionario estatal hechas por la Colectiva Guerreras Moradas, quienes mostraron su fotografía con las palabras “acosador sexual”, sin embargo no dieron su postura al respecto.
¿Qué es el Protocolo Cero?
El Protocolo, a través del cual se investiga a Jorge Arturo Castañeda Montes de Oca, tiene como objetivo establecer medidas específicas para prevenir conductas de acoso sexual o laboral y hostigamiento sexual o laboral en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia.
Así como señalar las vías e instancias competentes al interior de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, que pueden conocer y, en su caso, investigar o sancionar el acoso sexual o laboral y hostigamiento sexual o laboral.
El documento establece que las autoridades resolutoras fincarán las responsabilidades administrativas a que haya lugar e impondrán las sanciones administrativas respectivas.