Jalisco está sumido en una crisis humanitaria por la desaparición de personas, pues suman 15 mil 348 reportes en el estado, hasta 6 mil 746 más que en el sexenio anterior, además de estar en primer lugar nacional en víctimas encontradas sin vida en fosas clandestinas. Esa fue la conclusión la presentación del estudio “Desaparecer en Jalisco: Diagnóstico y propuestas”, en el marco de la FIL Pensamiento, organizado por el CUCSH de UdeG.
“Es una crisis humanitaria, no se le puede llamar de otra manera; tan sólo en octubre hubo 300 nuevas denuncias de desaparición. Hemos valorado que la situación refleja un patrón de violencia semejante al de un territorio, zona o país en conflicto o en situación de guerra”, dijo la doctora Carmen Chinas, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas.
- Te recomendamos Colectivos y CEPAD califican la última administración como el ‘sexenio de las desapariciones’ en Jalisco. Comunidad
La investigadora aseguró que no todos los casos de desaparición se registran o denuncian, “ni tampoco las personas desaparecidas con denuncia aparecen en las bases de datos; es decir, tenemos datos muy cuestionables respecto de la cantidad de personas desaparecidas en Jalisco”, subrayó Chinas, quien dijo que, de acuerdo con colectivos, la cifra real podría ser de hasta 30 mil desaparecidos.
Además, señaló que Jalisco duplica la media nacional de personas localizadas sin vida con 15.6 por ciento, frente a 7.73 por ciento nacional; incluso hay municipios que superan ese porcentaje, como Tlajomulco de Zúñiga, con 25.8 por ciento, y El Salto, con 29.95 por ciento.
La integrante del comité, doctora Denisse Ayala, moderó la ponencia de la doctora Carmen Chinas, al que acudieron integrantes de familias de personas desaparecidas, estudiantes y docentes de la UdeG.
Recomendaciones
El comité emitió recomendaciones: reconocer la tragedia; recuperar la indignación social y formar alianzas de amplio alcance; romper pactos de interés e impunidad; máxima publicación de la información; superar el rezago institucional; colocar a las víctimas y sus familias en el centro de atención y con el personal de relevo, y generar políticas de memoria y constitución de paz.
MC