En México hay al menos 23 millones de personas que se autoadscriben como indígenas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Poco más de la mitad son mujeres para las que hoy, en pleno 2021, existe una agenda pendiente para garantizar, prácticamente, todos sus derechos.
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Este domingo 5 de septiembre se celebrará por primera vez en el país el Día Nacional de la Mujer Indígena, luego de que el año pasado el Congreso de la Unión aprobara esta conmemoración.
De acuerdo con Larisa Ortiz Quintero, magistrada de la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hablar de los derechos de las mujeres indígenas es tener presente, primero, el marco general que aplica para ellas, que son los derechos humanos en general.
Luego hay que considerar que estos derechos deben de implementar una perspectiva de género, como a cualquier otra mujer: derecho a la educación, al trabajo: “Pero tratándose de mujeres indígenas es importante respetar la perspectiva de interculturalidad. Respetar todos los derechos, tomando en cuenta sus propias culturas”.
Las mujeres indígenas se encuentran en diferentes situaciones de vulnerabilidad al mismo tiempo: están en una situación interseccional. Es decir, viven discriminación, exclusión por diferentes razones. Porque son mujeres, porque son pobres, porque son indígenas, y muchas veces se les agrega alguna otra situación de vulnerabilidad: porque son niñas o porque son adultas mayores.
La edad es un factor de vulnerabilidad en muchos casos. La discapacidad también. Hay mujeres adultas mayores, pobres, que hablan solo su lengua originaria, con una discapacidad permanente, lo que las hace tener carencias en todos los sentidos.
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Esta situación hace que no puedan acceder a servicios de salud de calidad, en los que se respete al intérprete para que puedan entenderse con los médicos, peor aún los ámbitos de educación o de participación política: “Son temas que se vienen trabajando en décadas recientes, pero que se requiere todavía un trabajo muy arduo para que en igualdad de circunstancias con los hombres y con las personas no indígenas puedan tener acceso a todos los derechos”.
Para la también ex titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México las mujeres indígenas no suelen incorporarse propiamente a los fenómenos de liberación que se denominan feminismos, pero sí están de acuerdo con las prácticas liberadoras. Incluso hay quienes, dice, han estudiado más a profundidad el feminismo y se han sumado, pero desde sus propias visiones culturales.
Ellas le llaman a esto “feminismos comunitarios”: “Esta corriente, al igual que otras dentro del gran feminismo, tiene sus particularidades. Tiene que ver o cruza con un liberalismo nos solamente frente al patriarcado, sino también frente a posiciones clasistas, racistas, de las cuales también hay que liberarse, las mujeres se están incorporando cada vez más a estos procesos. Se están incorporando para liberar su vida personal, la de pareja, la de familia, la de la comunidad y por supuesto para integrarse a la vida nacional del país”.
La especialista en derechos de los pueblos originarios, afirma que las prioridades para las mujeres indígenas podrían describirse en tres niveles: el primero tiene que ver con revisar el marco normativo para reconocer las necesidades muy particulares de ellas, con perspectivas de género e intercultural. También es muy importante, dice, que en estos tiempos de construcción de políticas públicas se consideren no solamente la implementación de derechos en general, sino que si una mujer requiere ejercer un derecho a la salud, que se haga con pertinencia cultural, considerando su cosmovisión, sus formas, su lengua, incluso cómo curarse: “Las medicinas tradicionales, la partería es un modelo tradicional que todavía tendría que existir y fomentarse”.
El tercer punto tiene que ver con los presupuestos: “Deben ser un tema también que debe de retomarse con mucha seriedad y de forma más integral: tomando en cuenta la interseccionalidad.
Hoy por hoy los presupuestos están dados considerando solamente algunas situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, pero se pierde de vista que para que una mujer indígena, en particular para que pueda salir adelante y desarrollarse en lo individual y lo colectivo no solamente se requiere un solo tipo de apoyo; tiene que haber un apoyo integral.
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Actualmente en ningún nivel de gobierno se ve esto. Los tres niveles de gobierno están llamados a la atención integral y los tres poderes del estado. Es un tema trasversal, atraviesa todas las dependencias y niveles de gobierno”.
Para Ortiz Quintero, a estas fechas se han hecho labores que sin duda han ayudado: “A 20 años de la reforma constitucional al artículo segundo. Hemos visto ciertos avances, pero sabemos que dentro de las poblaciones con situación de vulnerabilidad las mujeres indígenas todavía están en los últimos lugares de atención prioritaria de manera integral. No quiere decir que no tengan atención, el tema es que si se habla de bienestar social se tiene que trabajar en políticas y presupuestos de manera trasversal e integral”.
Obstáculos
El Informe de la CIDH “Mujeres indígenas” revela que enfrentan barreras para acceder a servicios básicos de educación y salud, así como alimentos y agua, o empleos dignos. Para tener educación deben sortear la distancia, falta de enseñanza en idiomas indígenas; además de la violencia sexual y los embarazos prematuros. Solamente una de cada diez termina la secundaria en América Latina.
En cuanto a salud, la lejanía de los centros dificulta la atención, además de no considerar la necesidad de tener intérpretes. La pérdida de sus territorios y recursos naturales, la contaminación y la realización de actividades extractivas obstaculiza la preservación de sus medios de subsistencia tradicionales.
MC