Resaltan condena social a genocidas y secuestradores

Desde México hasta a Argentina, hay poca o nula confianza en que los gobiernos vayan a resolver el tema de los desaparecidos. En todo este territorio latinoamericano, la privación ilegal de la libertad es el pan de cada día. Hay miles de personas de las que se desconoce su paradero y, ante esta situación, lo que menos puede existir por parte de la sociedad civil es una reconciliación con el Estado. Es importante la condena social para genocidas y secuestradores.

Durante la mesa con la que cerró la Plataforma para el Diálogo “Represión política, desaparición forzada y estrategias de resiliencia en contextos de desigualdad”, que se llevó a cabo 26 y 27 de febrero en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUSCH), campus Belenes, representantes de distintos sectores y países, hablaron sobre el papel de la sociedad civil en la impartición de justicia.

“Una cosa es la justicia y otra cosa son los jueces, es importante y tenemos que separar eso porque hay justicia, jueces que le dan la libertad o la prisión a genocidas. Para nosotros, desde la agrupación H.I.J.O.S, desde hace 24 años tenemos la necesidad de la condena a los genocidas, a los secuestradores de nuestros padres y sus compañeros”, expresó Eduardo Nachman, documentalista e integrante de la organización H.I.J.O.S.

“Nosotros decimos que, si no hay condena legal, que haya condena social y entonces nos movilizamos hacia la casa de los genocidas, señalando al genocida, a los vecinos. Que sepan que ahí vive un genocida impune”, agregó el hombre de origen argentino cuyo padre fue desaparecido en el decenio de los setenta, en medio de la dictadura de aquel país.

En aquel país resignificaron la palabra “escrache”, de origen italiano y que tiene que ver con un retrato que hacían los policías buscando a los delincuentes. En su definición del diccionario, escrache es una acción intimidatoria que realizan los ciudadanos contra personas del ámbito político, administrativo o militar, que consiste en dar difusión, ante los domicilios particulares de estas o en cualquier lugar público donde se las identifique, a los abusos cometidos durante su gestión.

Para Erik Arellana, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia, MOVICE, Colombia, en una democracia como la de su país, en donde se han desaparecido más de 80 mil personas, se ha impuesto todo un modelo de justicia proclive a los victimarios. De esos miles de casos solamente hay 667 investigaciones y solo 337 sentencias condenatorias: “El estado colombiano, en vez de sancionar al responsable directo lo reconoce. La comisión de la verdad tiene la obligación de explicar cómo se dio la causa, si no lo hacen, nosotros también acudimos a la sanción pública y hacemos manifestaciones como el escrache”.

Claudia Interiano, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho-FJEDD, en El Salvador, un país donde se registran nueve desapariciones al día, donde no hay cifras de migrantes ausentes y mucho menos justicia, la especialista reprobó el hecho de que en su país se haya aprobado una “Ley de Reconciliación Nacional”. Dijo, es una ley que la sociedad civil quiere parar: “En una ley que tiene que ver con la impunidad, es una ley de amnistía. En El Salvador tenemos una amnistía absoluta. Cuando hablamos de justicias nos damos cuenta de que la justicia no está escrita en las leyes”.

“Las leyes están bien, pero definitivamente no podemos hablar de justicia sin consultar a las familias y a las víctimas sobre las cuáles son

sus necesidades inmediatas”, agregó.

Hablar de reconciliación implica impunidad.

 Por su parte, Dolores Saravia, de Serapaz, México, propuso que el abordaje sea desde las causas de esa conflictividad: “Cuando se piensa en solución de conflictos pensamos que es un tema de sentarse a la mesa y ponerse de acuerdo. La estrategia implica lo contrario, abordar las causas. En el tema de la desaparición y trabajando en los procesos de los movimientos de víctimas hay que abordar las causas, las condiciones y la revisión de casos en lo particular”.

Christiane Schulz, de Pan para el Mundo, dijo que independientemente del lugar donde ocurra, la labor de quienes dedican sus esfuerzos a este tema es estar del lado de las víctimas, pero, al mismo tiempo, actuar desde el lugar donde se esté: El primer paso es entender a las víctimas y las demandas”.

Sobre la participación del gobierno en el tema, Dolores dijo: “El Estado es el responsable de la desaparición forzada y de la no forzada. Ningún tipo de desaparición niega la responsabilidad del Estado”.

Por su parte, Eduardo Nachman dijo: “Nosotros no confiamos en ningún gobierno porque son administraciones de la represión. Donde hay un gobierno hay corrupción, en más o menos medida, más o menos disimulado”.

“Hace como diez años que hicimos un encuentro con representantes de la sociedad civil de casi todos los países de América Latina. Podemos sistematizar ciertas tendencias en todos los países. Nos dimos cuenta de que es obvio que hay deslegitimización de todos los actores de la sociedad civil, por ejemplo, de los medios de comunicación que deslegitiman a defensores de derechos humanos o víctimas, diciendo que son miembros de la guerrilla o que actúan en favor de fuerzas extranjeras”, contó Christiane Schulz.

MC

​

​

​

​