El cierre del basurero Los Laureles, ubicado en los límites de Tonalá y El Salto, ha dejado una estela de incumplimientos y riesgos ambientales que siguen sin resolverse más de tres años después de su clausura en noviembre de 2021.
Caabsa, la empresa responsable del sitio, se comprometió a implementar un plan de cierre y abandono conforme a la normatividad ambiental en un plazo máximo de dos años. Sin embargo, no cumplió con lo prometido, y el terreno sigue siendo una amenaza para el medio ambiente y las comunidades cercanas.
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¿Qué pasa en el tiradero de Los Laureles?
Gerardo Bernache, profesor investigador y especialista en residuos sólidos, es categórico al señalar las omisiones de la empresa. “Caabsa no hizo nada. De hecho, casi inmediatamente después del cierre, entregó el comodato y lo regresó al Ayuntamiento de Guadalajara, que es el propietario del sitio”, afirmó. Según Bernache, la rehabilitación y abandono del lugar no se realizaron conforme a lo establecido en las normas ambientales, lo que evidencia un total desinterés por parte de la empresa y las autoridades responsables.
La falta de seguimiento al cierre de Los Laureles ha tenido consecuencias graves. Durante su operación, el sitio acumuló más de 200 mil toneladas de basura, y su manejo deficiente ha generado contaminación del aire por la emisión de gas metano y del agua por los lixiviados o "jugos de la basura". Estos problemas no solo afectan al medio ambiente, sino que también representan riesgos directos para la salud de las personas que habitan en las inmediaciones.
Según Bernache, “las implicaciones incluyen contaminación de pozos cercanos y el riesgo de explosiones por la acumulación de gas metano, además de la dispersión de polvos y residuos microscópicos que pueden afectar a los vecinos dependiendo de la dirección del viento”. A esto se suma el riesgo de incendios, exacerbado por la falta de un manejo adecuado del sitio.
La falta de acción por parte de Caabsa y de las autoridades competentes también quedó expuesta en las solicitudes de información realizadas a través de mecanismos de transparencia. El municipio de Tonalá respondió que no cuenta con información al respecto, mientras que el gobierno de Jalisco sólo proporcionó un oficio fechado el 23 de julio de 2020, en el que se menciona que el plan de cierre y abandono de Caabsa fue recibido. No hay evidencia de que dicho plan se haya ejecutado ni de que se hayan tomado medidas para mitigar los impactos ambientales del basurero.
¿Qué dice la ley ante delitos ambientales en Los Laureles?
Ante el incumplimiento evidente, la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico establece que los municipios de Tonalá y El Salto debieron haber presentado una denuncia por delitos ambientales. Según la ley, las sanciones para Caabsa podrían incluir penas de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 1 millón 425 mil pesos. Sin embargo, hasta la fecha, no se tiene registro de que se hayan iniciado procesos legales contra la empresa, lo que deja entrever una preocupante falta de voluntad política para exigir cuentas.
El especialista enfatiza que cerrar un basurero no implica simplemente cubrirlo con tierra y abandonarlo
SRN