Aunque Movimiento Ciudadano pidió cancelar la sesión porque no había quórum y de inmediato llegaron los diputados, por mayoría, el Pleno del Congreso de Nuevo León creó la nueva Comisión Jurisdiccional para iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, por modificar el escudo estatal, y contra su secretario general de Gobierno, Javier Navarro, por no publicar 56 decretos avalados por los legisladores.
En la sesión ordinaria del miércoles, Jessica Martínez, coordinadora de Morena, subió a tribuna un dictamen de la COCRI para que, con carácter de urgente, se turne a la Comisión de Jurisdicción que presidirá la panista, Amparo Olivares.
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También estará Anylú Hernández, coordinadora de la bancada 4T; Perla Villarreal, diputada local del PRI; Itzel Castillo, del PAN; Carlos de la Fuente, líder panista; Luis Susarrey, de Acción Nacional; Jessica Martínez, coordinadora de Morena; Alhinna Vargas y Elsa Escobedo, del PRI; Iraís Reyes y Sandra Pámanes, de MC.
La emecista, Iraís Reyes, dijo que aunque está dentro de la Ley de Juicio Político, la creación de la Comisión de Jurisdicción, el Congreso debió llevar el proceso en la Comisión Anticorrupción.
“Yo no entiendo como ahora se está determinando que ya no lo vamos a ver nosotros ese asunto, entonces pediría que aprendiéramos al reglamento para el gobierno interior del Congreso y pediría a esta presidencia que verifique los procesos”, apuntó.
Mientras tanto, Sandra Pámanes, de MC, dijo que hay un revanchismo.
Comisión Jurisdiccional se declara en permanente
Con la observación que comenzaron de manera irresponsable porque presuntamente se alteraron expedientes, la Comisión Jurisdiccional se declaró en permanente para analizar si procede o no el juicio político contra el gobernador Samuel García.
Itzel Castillo, del PAN, solicitó la lectura del artículo 11 de la Ley de Juicio Político para que se conceda acción popular para formular por escrito denuncias ante el Congreso del Estado, respecto de las conductas que refiere el artículo 9 de esta ley, las cuales deberán presentarse bajo protesta de decir verdad y fundarse en elementos de prueba que hagan presumir la ilicitud de la conducta del servidor público.
“Cuando se omitan estos requisitos, se requerirá mediante notificación personal al denunciante, para que los satisfaga en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada la denuncia.
“El ciudadano que acompañe a la denuncia documentos falsos, o manifiesten hechos falsos, será responsable en los términos que establecen las leyes respectivas”, se lee.
Por su parte, Iraís Reyes, de MC, dijo que les entregaron el expediente mal formado.
“Me acaban de entregar el asunto, no dejemos de dimensionar las cosas, un juicio político no es algo chiquito, estamos analizando si hay elementos de prueba que yo no he podido estudiar.
“Me parece irresponsable que digamos si hay o no licitud y esta súper loco que tenga que analizar el juicio político contra el gobernador, porque hay 16 personas listadas”, apuntó.