Para que los elementos policiacos actúen de manera correcta al atender casos de violencia familiar, los cuales se han incrementado por el confinamiento del covid-19, por unanimidad, el Congreso local exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y a los municipios para que capaciten a sus policías en materia de salud mental.
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El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso, Álvaro Ibarra, dijo que, de acuerdo a las estadísticas referidas en la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el mes de septiembre se presentó el número más alto de denuncias en materia de violencia familiar, con mil 838 casos.
“Es necesario que en los cuerpos policiacos se incluya, dentro de su preparación, temas de salud mental que les permitan atender este tipo de delitos de una manera adecuada. De la misma forma, esta capacitación les permitirá, dentro de su profesión y su vida familiar, desarrollarse con una mejor calidad de vida.
“Nuestras y nuestros policías están bajo un estrés cotidiano, que es muy importante reconocer para poder actuar en consecuencia. Si ellos están bien desarrollarán mejor su trabajo, sus familias estarán mejor y, por supuesto, la sociedad que resguardan”, manifestó Ibarra.
El legislativo también aprobó exhortar a los 51 municipios del Estado para que implementen programas efectivos o refuercen los existentes para combatir la violencia familiar dentro de sus áreas territoriales correspondientes.
“Exhortamos a todas las autoridades a que trabajen en el tema, pero en especial a los ayuntamientos, ya que ellos son el primer contacto con los ciudadanos, conocen las situaciones particulares de sus municipios y de su sociedad”, solicitó.
Piden reforzar protección a trabajadores de Salud
Por separado, la diputada del PRI, Karina Barrón, presentó una iniciativa por adición al artículo 141 de la Ley Estatal de Salud, para castigar con arresto administrativo a quien incite o ejerza actos de violencia en contra del personal de salud.
La iniciativa fue presentada en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, en donde la priista señaló que el fenómeno de la violencia contra los profesionales de la salud es multifactorial.
“Es necesario salvaguardar los derechos de nuestro personal de salud, debemos cuidar el bien más grande en este momento, que es el personal médico, de nada nos servirá tener equipo e infraestructura hospitalaria suficiente si no se cuenta con personal especializado y de experiencia para enfrentar esta contingencia y evitar un mayor número de muertes”, manifestó.
La congresista también propuso reformar el artículo 7 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación local para adicionar una fracción y evitar actos de discriminación en contra del personal médico.
Por último, lamentó que la discriminación contra los trabajadores de la salud pase en Nuevo León como ha sucedido en otros estados de la república.