La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Lilia Luna Islas, presentó en sesión virtual del Congreso del estado una iniciativa de reforma al Código Electoral de Hidalgo para que las personas que están privadas de su libertad que no hayan sido sentenciadas puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones.
La iniciativa establece que podrán votar en los procesos electorales y en cualquier mecanismo local de participación ciudadana organizados en el estado de Hidalgo la ciudadana o el ciudadano que esté privada o privado de la libertad y no le hayan dictado sentencia condenatoria.
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“En esta iniciativa se busca respetar los derechos humanos de las personas que estén privadas de su libertad y que no han recibido una sentencia por autoridad judicial para que puedan ejercer su derecho al voto a efectos de que no se restrinjan sus derechos político-electorales acorde a los tratados internacionales suscritos por México”, argumentó.
Puntualizó que el objetivo sustancial del derecho al voto de las personas en prisión preventiva radica en evitar la desincorporación y alejamiento de su pertenencia a la comunidad, “y además en la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos”.
Mencionó que en Chiapas se dio ya esta reforma en su legislación electoral a efecto de que puedan votar en sus elecciones locales quienes estén privados de la libertad y no se encuentren sentenciados.
Recordó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó como un programa piloto que las personas privadas de la libertad no sentenciadas voten en el estado de San Luis Potosí en el 2021 “y es eminente que en el 2024 votarán los ciudadanos en esa condición”.
Luna Islas mencionó que el desconocimiento del derecho al voto activo de quienes están en prisión preventiva constituye actitudes denigratorias y estigmatizantes que conllevan a la invisibilidad de personas sujetas de derechos, además dijo, refleja la ausencia de una democracia que provee a sus habitantes de la protección máxima y efectiva de sus derechos fundamentales.
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“La privación preventiva de libertad es una práctica que despoja a las personas de su estatus jurídico de ciudadanía, privándolas de sus derechos políticos y de su participación en las decisiones relevantes de la nación lo cual termina por despojarlas y excluirlas totalmente de la comunidad”, refirió.
Agregó que el voto es un medio para expresarse y es especialmente necesario, cuando la persona está privada de su libertad ya que al ser uno de los pocos canales abiertos pueden influir en la vida de la comunidad a la cual pertenecen.
“La prohibición de votar a las personas procesadas imposibilita participar en el debate político, decidir sobre los asuntos públicos que le perjudican, por ejemplo sobre las políticas penitenciarias que los afectan directamente”, agregó.
La legisladora local añadió que negar a las personas procesadas el derecho al voto debilita el empoderamiento de la ciudadanía para decidir y participar en la creación o modificación de leyes, “como aquellas que pueden mejorar las situaciones de vida dentro de las cárceles, reforzar sus vínculos sociales y su compromiso con el bien común y esto impide el desempoderamiento político de un segmento de la sociedad que pone en peligro la legitimidad de una democracia”.