De 34 miembros de los cuatro consejos generales del entonces Instituto Federal Electoral, de 1994 a 2014, 13 fueron impulsados por los partidos políticos a candidaturas y puestos en la administración pública: el PAN a cinco (Santiago Creel, Juan Molinar Horcasitas, Alonso Lujambio, Jacqueline Peschard y Gastón Luken); el PRI a tres (Virgilio Rivera, Virgilio Andrade y Alejandra Latapí); el PRD también a tres (Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti y Emilio Zebadúa); el PT a Jaime Cárdenas y el PVEM a Marco Gómez.
En sucesivas reformas desde 1994, impulsadas para atajar sendas crisis electorales, se argumentó que se pretendía quitarles al gobierno y a los partidos toda influencia en los comicios, a través de la “ciudadanización” del IFE (hoy Instituto Nacional Electoral, INE): su Consejo General debería estar integrado por personalidades independientes de los partidos.
Sin embargo, distintos estudios académicos han encontrado que los cambios sólo trataron de enmascarar, sin éxito, que son los partidos los que toman la decisión final en cada elección de consejeros, y estos últimos, por lo tanto, “exhiben una conducta sistemática de alineación con sus respectivos partidos patrocinadores”, en tanto que las votaciones del Consejo General muestran una clara “segmentación partidista” que “revela la influencia continua de los partidos”, según afirman los investigadores del ITAM, Federico Estévez y Eric Magar, y el de la Universidad de Washington, Guillermo Rosas, en su trabajo Partisanship in non-partisan electoral agencies and democratic compliance.
Ya que no existen normas para prevenir conflictos de interés, como limitaciones a las actividades que pueden realizar los consejeros al finalizar su mandato. Por lo tanto, es común que algunos de ellos sean incorporados a tareas partidistas, invitados a ocupar cargos públicos o postulados para puestos de elección popular, como documentó Adriana Sánchez Núñez en su tesis de maestría Consejo General del IFE: ¿Imparcialidad o partidismo?, en la que concluye que, en las votaciones de ese órgano en el periodo 1996-2013, “a mayor polarización, mayor partidismo, y viceversa”: los consejeros se sentían más libres de tomar su propia ruta en los asuntos de menor conflictividad que en aquellos en que se confrontaban los dirigentes partidistas.
Los años ingenuos
En 1994, en el contexto de un año marcado por una insurrección armada y magnicidios políticos, las elecciones presidencial y legislativa fueron conducidas –con el proceso ya en plena marcha– por el primer grupo de consejeros “ciudadanos” –exclusivamente hombres–, nombrados por consenso por los tres partidos más grandes: José Woldenberg, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas, Santiago Creel y Fernando Zertuche. Tenían la tarea, que entonces parecía inalcanzable, de darles credibilidad a los comicios mexicanos.
Sólo permanecieron dos años antes de que una nueva reforma electoral ampliara el Consejo General a ocho miembros y un presidente, en 1996. Después, Granados Chapa fue candidato del PRD a gobernador de Hidalgo; Ortiz Pinchetti fue designado para distintos cargos por Andrés Manuel López Obrador y fue diputado; y Santiago Creel se convirtió en una de las principales figuras del PAN.
En ese año, Woldenberg pasó a encabezar el siguiente Consejo del IFE, promovido por el PRI, que además hizo consejeros a Mauricio Merino y Jacqueline Peschard; el PAN impulsó a Alonso Lujambio y Juan Molinar; el PRD, a José Barragán, Jaime Cárdenas y Emilio Zebadúa; y el PT, a Jesús Cantú. En el 2000, Molinar se fue a la Secretaría de Gobernación de Santiago Creel, luego fue diputado panista y llegó a secretario de Comunicaciones y Transportes con Felipe Calderón. El PAN retuvo esa posición con Gastón Luken. El PRD, en cambio, perdió la suya cuando Zebadúa se fue a Chiapas como secretario de Gobierno (luego fue diputado del PRD, oficial mayor de la secretaría de Desarrollo Social con Peña Nieto, invitado por Rosario Robles, y con ella ahora está imputado por los fraudes de la Estafa Maestra) y fue reemplazado por Virgilio Rivera, auspiciado por el PRI.
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Sin embargo, también puede haber cambios de lealtades. En su libro Organismos autónomos y democracia, John Ackerman señala que Barragán se alineó con Woldenberg, Merino y Peschard frente a una mayoría de oposición, el “pentágono”, compuesta por los cinco consejeros restantes.
El periodo terminó en 2003. Después, el PAN llevó a Lujambio a ser secretario de Educación Pública de Felipe Calderón y luego senador; a Peschard la impulsaron como comisionada presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información; y a Luken lo integraron a la Cámara de Diputados; y fracasó en darle la siguiente presidencia del Consejo a Merino. A su vez, el PRI colocó a Rivera en la presidencia del Instituto Electoral de Zacatecas, y Jaime Cárdenas fue diputado por el PT y tuvo un breve paso por el gobierno de López Obrador, que abandonó en malos términos.
Los años amargos
En 2003, el PRI y el PAN acordaron tomar las decisiones por su cuenta, ignorando al PRD y los demás partidos, y se repartieron el Consejo General que organizó las accidentadas elecciones de 2006, que terminaron con un intenso conflicto poselectoral entre denuncias de fraude.
Con impulso de su secretaria general, Elba Esther Gordillo, el PRI colocó a Luis Carlos Ugalde en la presidencia, acompañado por Virgilio Andrade (luego secretario de la Función Pública de Peña Nieto, encargado de “investigar” y exonerar a su jefe por el escándalo de la “Casa Blanca”, y director de BANSEFI), Lourdes López, Alejandra Latapí (después consejera en la embajada en Brasil) y Marco Gómez (más tarde diputado del PVEM Y asesor del PRI en Coahuila). El PAN puso a Arturo Sánchez, Andrés Albo, Teresa González y Rodrigo Morales.
El descrédito de este consejo condujo a una nueva reforma en 2007 y al reemplazo escalonado de sus miembros: en 2008, entraron por el PRD Leonardo Valdés, como presidente (luego acusado de alinearse al PRI), y Alfredo Figueroa; por el PRI, Marco Baños y Francisco Guerrero; y por el PAN, Macarita Elizondo y Benito Nacif. En 2011, el PRD impulsó a Lorenzo Córdova; el PRI, a Sergio García; y el PAN, a María Marván.
Esta camada se distinguió porque ninguno de sus miembros ha tomado cargos públicos, excepto aquellos que, tras la nueva reforma que renombró al Instituto Federal Electoral como Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos quisieron reelegir: Córdova, Baños y Nacif, que así sumaron 12 años ininterrumpidos como consejeros, en vez del término normal de nueve años.
Los años del pacto
En 2014, se dio una situación que recordó a la de 2003 porque una fuerza de importancia no participó en la elección de consejeros. Sí lo hizo el PRD, cuya declinación electoral no se reflejaba aún en el Congreso, mientras que Morena, que crecería hasta ganar la Presidencia de la República, apenas se preparaba para sus primeros comicios, el año siguiente.
A final de cuentas, todas las posiciones fueron decididas por los partidos del Pacto por México, la coalición legislativa formada para apoyar la agenda del presidente Peña Nieto. Empezando por la presidencia del Consejo, para el cual fue designado Lorenzo Córdova, con el apoyo presidencial.
El PRI también promovió a Adriana Favela (para un periodo de nueve años, hasta 2023), Baños (seis años, hasta 2020), Enrique Andrade (seis) y Beatriz Galindo (tres, hasta 2017); el PAN, a Nacif (seis), Arturo Sánchez (para un segundo periodo de tres) y José Roberto Ruiz (nueve); el PRD, a Ciro Murayama (nueve), Pamela San Martín (nueve) y Javier Santiago (tres).
Los de tres años fueron reemplazados en 2017, para un periodo que termina en 2026, por Dania Ravel (apoyada por el PRI), Jaime Rivera (PAN) y Beatriz Zavala (PRD).
Y la sustitución de los de seis años se produjo en 2020, ya bajo la presidencia de López Obrador, bajo un acuerdo de Morena con los partidos de oposición, que propuso para consejeros, hasta 2029, a Norma Irene de la Cruz, Carla Humprey, José Martín Fernando Faz y Uuc-Kib Espadas.
El empresario y figura destacada de la alianza Va por México, Claudio X. González, con otras personalidades de la oposición, le ofreció a Lorenzo Córdova ser candidato presidencial. Esto no sería posible por el momento, sin embargo, porque por requisito legal el consejero debería haber dejado su cargo dos años antes del proceso electoral de junio de 2024.
EHR