La Contraloría del Poder Legislativo llevó a cabo 27 auditorías a diversas instancias del Congreso local donde encontró 79 observaciones por diversas faltas y deficiencias.
Se observaron asuntos que van de la carencia de medidas de seguridad hasta la asignación de beneficios a personas no indicadas o falta de objetivos en programas de trabajo.
Con base en el informe anual que el contralor Victorino Barrios Dávalos presentó a la Legislatura, de las 27 revisiones, 15 fueron de carácter administrativo y 12 financieras.
En esta ocasión no hubo de obra porque no se desarrollaron trabajos de ese tipo durante el 2018.
De estas 19 se aplicaron a unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas, cuatro al Órgano Superior de Fiscalización de la entidad, dos a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios y una a la Dirección General de Comunicación Social y a la misma Contraloría.
Para ubicar el nivel de cumplimiento en diversas áreas llevaron a cabo también 14 supervisiones, 11 seguimientos de auditorías y dos arqueos a todos los fondos revolventes de caja autorizados.
Hallazgos
Los principales hallazgos en las auditorias refieren que se asignaron celulares y radio localizadores a servidores públicos que no eran mandos medios ni superiores, además de casos donde les dieron más de un celular o radio a la misma persona.
Los registros en pólizas a cuentas contables no corresponden a su naturaleza, faltan registros; hubo comprobantes de gasto pagados con recursos del fondo revolvente de caja que no cumplieron con los requisitos administrativos al no tener el sello de pagado, no explicar a que se referían ni comprobar que no existían en el almacén, ni se explicara porque se pidió el pago de inmediato.
No se contaba con el Catálogo de Puestos del Poder Legislativo; la programación anual de metas no corresponde con la descripción de las actividades, no hay documentación soporte de los avances reportados ni supervisión de la elaboración de los avances trimestrales de metas y recursos presupuestales.
No había medida de seguridad para ingresar a las bodegas del equipo de vídeo proyección, la estancia infantil no tenía aviso de privacidad, no se asignaban mediante oficio las funciones del personal adscrito a las unidades administrativas, no se turnaban correctamente los expedientes al Archivo General, donde además falta un plan de gestión de riesgos.
El reporte considera que hay debilidades en la redacción de objetivos y funciones, así como una normativa desactualizada especialmente en el departamento de Administración de Personal, la Estancia Infantil, el departamento de atención de usuarios, el OSFEM, entre otras áreas, así como el manual de inducción a los servidores públicos de nuevo ingreso.
Recomendaciones
A cada hallazgo se le hizo una recomendación para mejorar cada una de las áreas. Y a través de las supervisiones se propició que el secretario de Administración emitiera una circular para que los servidores públicos registren su asistencia, ingresen de inmediato y permanezcan en su lugar de trabajo con el gafete visible; se establecieron mecanismos para que dos personas con limitaciones físicas pudieran checar.
Para mejorar el control de asistencia en uno de los edificios se va a colocar un dispositivo biométrico y se estableció un procedimiento para el reembolso de gastos de servicios menores.
De los arqueos se emitió un oficio para que el personal de Asuntos Parlamentarios se apegue a los lineamientos, se cancelaron dos fondos revolventes.
Dentro del trabajo que llevó a cabo la Contraloría, sobre el Poder Legislativo, estuvieron las revisiones de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que debieron presentar mil 811 servidores públicos de todas las áreas, entre ellos los diputados locales, donde al final 25 personas fueron omisas.
Entre 2017 y 2018 revisaron 446 declaraciones de igual número de servidores públicos, tanto por inicio de gestiones, modificación o por conclusión del servicio, donde encontraron un caso de posible conflicto de intereses.
La Jucopo firmó 99 recursos, de los cuales 41 fueron de este poder y todavía tiene dos con proyecto de resolución pendientes de firma que corresponde a servidores del mismo.
Derivado de esto se interpusieron 10 recursos de inconformidad, una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa y cinco demandas de amparo en contra de las resoluciones emitidas por la Junta de Coordinación Política que siguen su curso.
LC