La corrupción afecta de manera diferenciada a las mujeres y grupos vulnerables, afirman las integrantes de la organización feminista Mexiro A.C., pues aseguran que para esos sectores es más difícil lograr justicia ante violaciones de sus derechos humanos.
“Un ejemplo muy claro son los feminicidios. En muy pocos casos tienen una sentencia. Se ve en la lucha de las mamás, a las que les pierden sus carpetas, que no se juzga con perspectiva de género”, dice Nohemí Cerero, integrante de Mexiro.“Estamos seguras de que nos afecta a las mujeres de manera diferenciada. Y con mujeres nos referimos a mujeres cis, mujeres trans y personas no binarias, porque no todas tenemos las mismas condiciones para tener acceso o intentar llegar al acceso a la justicia en algún caso”, añade.
Gabriela López, otra integrante de Mexiro, coincide: “también se manifiesta en la revictimización, los discursos políticos o discursos de Estado que no consideran implementar políticas y programas anticorrupción con perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos”.
En entrevista con MILENIO, las integrantes de Mexiro AC, organización encabezada por Fernanda Galicia, platican cuál es uno de sus más grandes sueños: reescribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) que, en 2003, más de cien países firmaron en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Las mujeres de Mexiro proponen rehacer la Convención porque es racista ─por ejemplo, al usar el término blanqueamiento de capitales─ y no tiene un enfoque de derechos humanos ni perspectiva de género.
Afirman que la definición de corrupción debe ampliarse y entenderse como un acto o una serie de actos que representan una grave violación a los derechos humanos que, además, afectan de manera diferenciada a mujeres y grupos vulnerables.
Mexiro ─que une las palabras México y (darle un) giro─ surgió en 2011 como una agrupación estudiantil de la Universidad Iberoamericana y hoy es una asociación civil feminista que el pasado 25 de marzo fue aceptada en la Coalición de la UNCAC, la cual reúne a más de 350 organizaciones de sociedad civil, sólo cinco mexicanas, que dan seguimiento al cumplimiento de la Convención en sus países, desde donde las mujeres de Mexiro se han planteado reescribir el texto.
“Tiene que funcionar una convención centrada en los derechos humanos, en la perspectiva de género y en la perspectiva y la apuesta política feminista porque si no, ¿de qué nos sirve hablar de millones y millones de dólares desaparecidos, si no estamos viendo cómo eso afecta de manera directa a las personas y a las víctimas directas e indirectas de la corrupción?”, cuestiona Fernanda Galicia, directora de Mexiro.
“Sabemos que mover estructuras es difícil, no es de la noche a la mañana, pero no vamos a dejar ese punto de lado hasta lograrlo”, asegura.
¿Por qué trabajan el tema de la corrupción?
Fernanda Galicia: Creemos algo sustancial: nuestro activismo está situado en un contexto político determinado, de graves violaciones a derechos humanos. Nos parece importante analizar cómo la corrupción afecta a nuestras democracias, cómo afecta al estado de Derecho y a la gobernanza y también a nuestros cuerpos-territorios a partir de diferentes corrientes de teorías feministas.
¿En qué conductas se ve esa corrupción diferenciada de las que son víctimas las mujeres?
Nohemí Cerero: En los feminicidios. Son una violencia sistémica y machista, opresora, hacia las mujeres. En muy pocos casos, las víctimas o sus familias tienen acceso a la justicia. En el hecho de que cuando una mujer es golpeada o sufrió violencia, no es juzgada bajo la perspectiva de género y entonces es revictimizada, incluso puede ser, que si es atendida por alguien que no tiene esta sensibilidad, puede juzgarla y decirle ‘es tu culpa porque saliste de noche, con una falda corta’, ¿no? Por eso afecta diferente.
Gabriela López: La corrupción incide de forma diferenciada a las mujeres y lo vemos, sobre todo, en el acceso a la justicia y en el acceso a derechos, como servicios de salud, educación, también servicios de trámites de identidad, etcétera.
¿Cuál será su papel en la Coalición de la Convención?
Fernanda Galicia: Nuestro papel principal dentro del trabajo en esta Convención es exigir que se haga una nueva convención. Si tú la lees, no nombra ni siquiera ‘derechos humanos’ en ningún momento, o ‘perspectiva de género’ o ‘comunidades desfavorecidas’. Está centrada en un sistema capitalista, en temas de enriquecimiento ilícito, pero no habla de que ese enriquecimiento ilícito daña las corporalidades y el territorio y la autonomía de grupos marginados. Por ejemplo, el caso Ayotzinapa. Día a día, en este país, desaparecen pruebas para que las personas puedan encontrar a sus familiares. Y eso es corrupción, pero no se nombra corrupción y no se investiga como tal. Buscamos cambiar la narrativa: la corrupción es una grave violación a los derechos humanos y cómo vamos a trabajar para que no pase.
¿Hay alguna organización similar a ustedes o sí son un nuevo modelo de organizaciones dedicadas a la anticorrupción?
Fernanda Galicia: Sí somos una nueva generación y definitivamente estamos poniendo cosas en la mesa que no se habían puesto antes. Creemos que desde el activismo y las calles y desde nuestras vivencias personales, hay saberes que son válidos y esos saberes y esas vivencias hay que traerlas a las mesas y crear conocimiento colectivo. Sí estamos haciendo una diferencia clara en la agenda anticorrupción.
¿Cómo el patriarcado ha intentado frenarlas en esta labor?
Fernanda Galicia: Tenemos muchas historias. Las instituciones públicas no están acostumbradas a ese tipo de narrativas y este tipo de actores. Somos una organización de jóvenes, todas tienen veintitantos, 25, 24. O, por ejemplo, en el tema de los recursos: para sostener una organización hay muy pocos fondos feministas o que apuestan por las agendas feministas a nivel internacional; si bien ya está mucho más visibilizada esta agenda a nivel internacional, los fondos son diferenciados. También nos han dicho ‘no tiene nada que ver la corrupción con el aborto’, ‘no se habla del aborto aquí’, o ‘no se puede hablar de mujeres trans’.
¿Es posible rehacer la Convención?
Fernanda Galicia: Sí.
¿De qué depende?
Fernanda Galicia: Hemos hablado con el coordinador de la UNCAC en la región ─Iñaki Albisu─ que nuestro papel iba a ser ese, hacer ese 2.0 y nos dijo que nos apoyaba. Nosotras hicimos desde 2019 un análisis de la Convención cuestionando por qué no tenía un enfoque de derechos humanos o perspectiva de género y cómo podíamos dar la vuelta y mejorarla para que sirviera como un instrumento catalizador de mejoras de nuestras vidas.
¿Con qué organizaciones afines pueden hacer alianza para impulsar este objetivo?
Gabriela López: En Argentina, tuvimos contacto con una organización que es el capítulo de Transparencia Internacional, que se llama Poder Ciudadano. Nos parecemos en la forma en que analizamos la corrupción y en la forma en la que analizamos cómo afecta de forma diferenciada a las mujeres. Son muy pocas organizaciones a nivel regional que abordan la agenda anticorrupción con perspectiva feminista.
EHR