En Coahuila, partidos políticos se resisten a incluir a grupos vulnerables

Autoridades implementan acciones afirmativas para garantizar a la población LGBTTIQ+, afro mexicana, pueblos originarios y con discapacidad su representación en puestos de elección.

Instituto Electoral de Coahuila. | Manuel Guadarrama
Esmeralda Sánchez
Coahuila /

Con acciones afirmativas se pretende que en Coahuila, ahora sí, se abran espacios de participación política a grupos de población que históricamente han sido ignorados por los partidos políticos en la entidad y el país, sin embargo el reto es grande y no ha sido sencillo, a tal grado que a poco de realizarse la elección continúan las reticencias partidarias traducidas en simulación, recursos de impugnación y toda serie de tácticas de retraso a la práctica de estos derechos.

Cuota Arcoiris

El pasado 1 de enero el Instituto Electoral de Coahuila aprobó, derivado de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo 01 denominado Cuota Arcoiris en la que se estableció que 8 regidurías 8 de mayoría relativa, se van a destinar a la población LGBTTIQ+, en tanto que tendrán derecho a 10 más de representación proporcional. 

Así, cada partido político o coalición deberá postular en total 18 personas, según define la acción afirmativa aprobada. 

Estos últimos deberán ser colocados por los partidos políticos en los primeros cinco lugares de sus listas:

“Porque antes los partidos ponían al final, donde es poco probable que estas personas queden, entonces ahí se puso ese candado de seguridad para que esas medidas afirmativas sean reales, que esas personas lleguen a los cargos de elección popular”, explicó Adán Giovanni Laguna López, Coordinador Operativo de la Junta Local Ejecutiva de la Junta Local Electoral en el Estado de Coahuila. 

Población indígena y personas con discapacidad

Para la población indígena y las personas con discapacidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligaba a realizar consultas para recibir el punto de vista y aportaciones de estos grupos a fin de conformar las acciones afirmativas, por lo que fue hasta el 15 de enero que el Instituto Electoral de Coahuila aprobó los lineamientos para representantes de población afro mexicana y pueblos originarios así como personas con discapacidad. 

El Consejo General del IEC definió que en el caso de Múzquiz se otorgará una regiduría de carácter étnico y afroamericano a la población de la Tribu Kikapoo y una más a la de los Negros Mascogos conforme a sus sistemas normativos, usos y costumbres; en tanto que en el resto de la entidad quienes pertenezcan a estos grupos deberán participar a través del sistema de partidos políticos. 

Además de la comunidad indígena Kikapú y la comunidad afro mexicana Negros Mascogos instalados en Múzquiz; en la entidad participaron en la consulta representantes de la comunidad Mazahua, Irritila, Ndé, la tribu Lipán Apache y una persona de la comunidad Tarahumara. 

En el caso de las personas con discapacidad se aprobó que se otorguen 8 espacios por mayoría relativa y 10 espacios más por representación proporcional instalando a las personas con esta situación dentro de los primeros cinco lugares de las listas, tal y como ocurrió en el caso de la población LGBTTIQ+

La particularidad en este último caso, es que el partido político puede también optar por presentar la postulación de una persona con discapacidad por el principio de mayoría relativa en 8 ayuntamientos y postular a esas mismas personas por el principio de representación proporcional, lo que significaría ya las 16 postulaciones y las dos restantes se ubicarían en la lista de representación proporcional.

A la observancia de que partidos políticos lo acaten

Las acciones afirmativas emitidas obedecen, según el acuerdo del IEC, a que históricamente estos grupos han sido relegados y se les ha limitado su participación política, y al igual que ocurrió en su momento con las cuotas de género, lo que se pretende es resarcirles el derecho que tienen como cualquier ciudadano, no solo de votar, sino de ser votados. 

Sin embargo, representantes de estos grupos han expresado su cautela sobre si realmente serán acatadas a cabalidad por los partidos, toda vez que se tiene el antecedente de las llamadas “juanitas” en el caso de las mujeres, en que se trató de evadir otorgar candidaturas a las mujeres, colocándoles como suplentes a hombres que después se quedaron con los puestos que ellas ganaron.

Erasmo Ramos Gil, presidente de la Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina (AMEVER), consideró positivas las acciones afirmativas, aunque recalcó que fue necesario obligar a los partidos políticos antes su abierta ignorancia a los grupos minoritarios “pero está obligando (el IEC) con cuotas a los partidos políticos, y ellos le sacan la vuelta; una vez más falta de confianza, no creen en las personas con discapacidad”. 

Expresó que el siguiente paso es estar al pendiente para evitarlo: 

“Pero ya está ahí la obligación, hay una acción afirmativa por parte del Instituto Electoral y eso habla bien de que se está tratando de que haya inclusión, de que haya igualdad oportunidades para nosotros; sin embargo falta ver qué respuesta tenemos por parte de los partidos políticos”. 

Noé Ruiz Malacara, representante de la Asociación Civil San AElredo, expresó que en el caso de las personas de la comunidad LGBTTQ+, se tuvo que llegar a poner un recurso ante la Suprema Corte para ser considerados, y aún con ello, existe la posibilidad de que se llegue a una simulación como ya ha ocurrido, y se postulen personas que realmente no formen parte de la comunidad, por lo que adelantó, están listos para interponer los recursos legales que se necesiten en su caso.

“Porque los partidos políticos andan buscándole piedras a los frijoles, es decir, andan buscando cómo no poner personas de la diversidad sexual al frente de las regidurías, pero esto no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de la Sala Superior, que nos dio la razón y que el Instituto Electoral el Primero de Enero, al día del arranque, dio los lineamientos para que 18 personas podamos contender en el Estado de Coahuila”. 

Subrayó que de no aparecer “nosotros como organización tendremos que impugnar y tendremos que reclamarle a ese partido o esa coalición el que no nos haya incluido, porque es un mandato que viene de la federación y que lo tienen que acatar”. 

Aunque no forma parte de estas minorías, para Eduardo Pacheco, ex aspirante a una candidatura por la vía independiente, el escenario está hecho para que el ciudadano común no participe en la elección, pues se ponen cuotas de apoyo extremadamente elevadas cuando a los partidos políticos para su constitución se les piden muchos menos afiliados. 

“Nuestra conclusión es que está diseñado para que nadie pueda hacerlo. En el caso de Saltillo nos piden 10 mil firmas, hay partidos políticos que no sacan esos votos a nivel estatal, es decir está muy disparejo el piso, tenemos que documentar y hacer una buena propuesta para que el ciudadano realmente pueda tener acceso a participar en un proceso; en Alemania una persona requiere 200 firmas, en algunos lugares de Estados Unidos ninguna, más que la manifestación del ciudadano”.

Abajo las acciones afirmativas

Los intentos de los partidos políticos para no acatar estas disposiciones continúan traduciéndose en estrategias legales, y el pasado martes 20 de febrero, luego de una impugnación del Partido Verde Ecologista de México, el Tribunal Electoral de Coahuila desechó el acuerdo emitido por el IEC para las acciones afirmativas de personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes, por lo que hasta ahora las únicas que continúan en firme son las emitidas para personas de la comunidad LGBTTIQ+ y de pueblos originarios. 

La consejera Leticia Bravo Ostos explicó que en el acuerdo se estableció una cuota garantizada para los grupos que no se especificaban en el acuerdo, pero este fue el material que el partido utilizó para emitir el recurso. 

“La sentencia revoca ese acuerdo, establece que hubo una indebida fundamentación y motivación, que no estamos dando un trato igual a todos los grupos, que hay que tener datos objetivos para poder implementar esas acciones afirmativas, y el Tribunal deja abierta la opción al Consejo General del Instituto para que pueda emitir nuevos lineamientos, en base a datos objetivos y respetando el principio de igualdad, tomando en cuenta el artículo 81 de la carta de derechos políticos de Coahuila para que antes de los registros emitan unos nuevos lineamientos”, por lo que el IEC ya trabaja una nueva propuesta que se emitiría en los siguientes días.

Candidatos a nivel federal

María Guadalupe Márquez Sánchez, Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, explicó que los partidos políticos tienen hasta el 22 de febrero para presentar sus candidaturas y en el caso de diputaciones federales, 25 deberán ser para personas de comunidades indígenas en mayoría relativa y 9 en representación proporcional, para lo cual el INE ya tiene identificados los que tienen mayor población que pertenece a este grupo.

Aunque ha sido criticado por algunos e incluso aprovechado por otros, esta acción al igual que la de personas de la comunidad de diversidad sexual, prevé la Autoadscripción, es decir que baste que la persona se identifique a sí misma como parte de esta comunidad para obtener la candidatura, lo que a decir de los representantes de los grupos, puede abrir la puerta a la simulación. 

Solo en el caso de personas con discapacidad tanto el IEC como el INE solicitan una comprobación médica para garantizar que efectivamente la persona padece una discapacidad permanente. 

No obstante, según la funcionaria del INE, si bien ha habido caso en que los partidos no cumplen con lo que el instituto les pide, lo que se ha hecho es bajar las candidaturas para que puedan cumplir con lo que se les está solicitando. 

¿Cómo estará conformado?

Así, en la totalidad de la elección del Senado se destinarán 9 espacios de los 128 que lo conforman: 3 en el principio de representación proporcional y de los 32 lugares se postularán en los primeros 15; de ellos, 1 deberá pertenecer a migrantes, 1 a personas indígenas y 1 para persona con discapacidad; mientras que en el principio de mayoría relativa serán 4 para personas indígenas, 1 para persona de la diversidad sexual y 1 para persona afromexicana. 

En el caso de los Diputados Federales se deberá cumplir una cuota de 54 personas de estos grupos: 34 serán para personas indígenas, 4 serán para afromexicanas, 8 para personas con alguna discapacidad, 3 para la diversidad sexual y 5 parta personas migrantes residentes en el extranjero. Se solicitó a las áreas de comunicación de los partidos Morena, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y del Trabajo, su postura sobre estas acciones afirmativas, pero ninguno de ellos respondió a la solicitud.

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