Un total de 35 especialistas en temas de agua, sistemas agroalimentarios, biodiversidad, regiones forestales, energía, gobernanzas agrarias y comunitarias, minería y residuos, procedentes de universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, coordinados por la UNAM diseñaron la Agenda Socioambiental 2024.
En esta misma establecen una serie de recomendaciones en la materia, que entregaron a los equipos de campaña de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, así como al candidato Jorge Álvarez Máynez, para su adopción en las políticas de gobierno de quién resulte ganador.
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“Es un ejercicio de presentar los problemas ambientales cada vez más graves, los problemas ambientales que son claramente problemas sociales. En sus orígenes, hay causas muy claras de intereses económicos, de captura política y hay implicaciones sociales cada vez más dramáticas al deterioro, basta la sequía extrema que estamos experimentando”, dijo Leticia Merino coordinadora general de la agenda, junto con Cecilia Navarro de la Colectiva Cambiémosla Ya.
En conferencia de prensa, la también investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó que ya se han reunido con miembros de los equipos de campaña “que trabajan medio ambiente, tanto de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum (...), como con el equipo responsable de medio ambiente, agua y energía de la campaña (...) que encabeza Xóchit Gálvez”, mientras que ayer, se reunieron con el coordinador del candidato Jorge Álvarez Máynez.
“Nos parece que tienen una responsabilidad fundamental con la ciudadanía y con los habitantes de este país, por revertir, de manera muy frontal, las condiciones de deterioro de la vida de nuestros ecosistemas, de nuestros recursos naturales, que son cada vez más dramáticas”, añadió la experta.
En el tema del agua, el doctor Omar Arellano, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, destacó que se requiere una reforma estructural transformadora, y “a pesar que desde 2002 está el ordenamiento para que se reforme el cuarto Constitucional que reconoce el derecho humano al agua y el saneamiento”, sigue pendiente la publicación de la nueva Ley General de Aguas, por lo que una de las recomendaciones del grupo, es reemplazar la Ley de Aguas Nacionales, por la nueva ley general.
“Sigue habiendo una falta de participación efectiva de la sociedad en la toma de decisiones, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Agua, quién gestiona y distribuye el agua en el país, ha mantenido una política de desastre, de toma de decisiones sobre desastre (...) Que reacciona ante situaciones eventuales, inundaciones, sequías, etcétera, sin resolver los problemas de fondo”, lamentó.
Añadió que los organismos operadores del agua, en muchas ocasiones, no tienen capacidad técnica, ni buena planeación. Al mismo tiempo que resaltó que el gobierno del agua ha permitido la exacerbación de la contaminación en los ríos del país, principalmente en las regiones del occidente, que ahora se reconocen como regiones de emergencia sanitaria y ambiental.
“Nosotros insistimos en que esta debería ser parte de una política para el siguiente sexenio, incorporar en el Plan Nacional Hídrico programas de restauración de los ríos, frenar la contaminación”.
Omar Arellano destacó que lo importante es plantear en el Plan Nacional Hídrico una estrategia que permita avanzar en la democratización del sistema, en el equilibrio y distribución de recursos.
Asimismo, sostuvo que ninguna de las propuestas de gobierno para el próximo sexenio pueden omitir la urgencia de atención a las regiones de emergencia sanitaria ambiental en los ríos como Santiago, Atoyac, Tula, Coatzacoalcos, “que son de las regiones que más problemas están teniendo actualmente”.
En su oportunidad, Helena Cotler, del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, dijo que los programas de subsidios a los pequeños productores agrícolas, como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, implementados en esta administración, no han logrado cambiar la dinámica del campo, controlada por los grandes productores
Mencionó que México es esencialmente de pequeños productores, que poseen menos de cinco hectáreas y concentran el 70 por ciento de los de las unidades de producción.
“Producción para Bienestar y Sembrando Vida, con subsidios tan radicalmente opuestos, uno de seis mil pesos anuales, y el otro seis mil pesos mensuales; genera muchas inequidades en el territorio y son programas muy puntuales, que dejan mucha vulnerabilidad a los pequeños productores y que son justamente aquellos que no tienen agua”.
No obstante, reconoció que la estructura de los subsidios en este sexenio ha cambiado radicalmente, ya que en los pasados, los productores de más altos ingresos, que representan el tres por ciento de las unidades de producción, recibían el 59 por ciento del financiamiento
“Por ejemplo, del FIRA, en todo lo que era subsidios productivos se puede ver las zonas de muy alta marginación, se podían invertir 5 mil 480 pesos, y en las zonas de baja marginación se invertía hasta 43 mil pesos. Eso explicaba que sólo en siete entidades federativas, que están en el norte, se concentraban más o menos el 41 por ciento del presupuesto productivo, siendo que solamente habían 22 por ciento de las unidades de producción”.
La investigadora resaltó que las grandes corporaciones transnacionales son las que controlan la producción, la comercialización, la distribución de los alimentos.
“Es por ellas que el consumo de alimentos ultraprocesados ha aumentado de 40 por ciento a 46 por ciento en veinte años; es por ellas que ha aumentado enfermedades como obesidad, diabetes, cánceres”, dijo la experta.
Destacó que no se debe poner de lado la transición agroecológica que nos va a permitir mantener la agrobiodiversidad y mitigar el cambio climático, “porque significa menos uso de insumos a base de combustibles fósiles y nos permite la adaptación al cambio climático, en un contexto de sequía que es urgente”.
Los investigadores también lamentaron la reducción al presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional Forestal (Conafo), lo que impacta en el detrimento de los bosques y las áreas naturales protegidas, además de que poco se toma en cuenta el cuidado de los océanos.
JATS