El actual gobierno federal no ha mostrado evidencia a las organizaciones de la sociedad civil de que el programa de espionaje Pegasus dejó de operar, a pesar de que en 2017, el espionaje fue el motivo de la ruptura al interior de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), afirmó Juan Manuel Casanueva, director de la organización SocialTIC, en entrevista con MILENIO.
“Nosotros no tenemos ningún tipo de evidencia documental de eso, de que se haya cancelado o de que no se haya renovado o de que no esté en uso”, afirmó Casanueva, representante de las organizaciones ciudadanas en la mesa de trabajo sobre espionaje instalada en el actual gobierno al interior de la AGA.
La AGA es un espacio en el que gobierno federal y grupos ciudadanos trabajan en conjunto para diseñar políticas públicas sobre diferentes temas, uno de ellos es, precisamente, el del espionaje, al que se le busca poner reglas claras, con participación ciudadana, para evitar que se use con fines distintos al combate a la delincuencia.
El espionaje a activistas fue el motivo por el que, en el sexenio anterior, en 2017, la Alianza para el Gobierno Abierto se rompió.
Ese año, un reporte de Citizen Lab, el centro de investigación de la Universidad de Toronto, reveló que, en febrero de ese año, Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor; Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública, y Luis Encarnación, de la Coalición ContraPESO, fueron espiados por el gobierno de Enrique Peña Nieto por su labor contra las bebidas azucaradas como parte del trabajo en la construcción de políticas públicas para combatir la obesidad.
Reconciliación en 2019
Dos años después, en 2019, ya con el nuevo gobierno, la Secretaría de la Función Pública, entonces encabezada por Irma Eréndira Sandoval, anunció la renovación de la alianza y el retorno de las organizaciones de la sociedad civil al trabajo conjunto para diseñar políticas públicas.
Indignados por el espionaje al que habían sido sometidos, los integrantes de sociedad civil pusieron sobre la mesa la necesidad de diseñar políticas públicas para regular el espionaje en México.
Así, el compromiso de regular el espionaje fue incluido en el Cuarto Plan de Acción de la AGA para que, de manera conjunta, organizaciones y gobierno diseñen reglas claras para que las llamadas “intervenciones a las comunicaciones privadas” sólo se realicen para combatir la delincuencia y no para espiar a activistas, periodistas u opositores.
Sin embargo, al momento de retomar la Alianza, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no dio evidencia de que Pegasus, el software con el que se había espiado a los activistas, ya no estuviera activo, confirmó Casanueva.
—Cuando se reactivaron los trabajos en la Alianza, ¿hubo algún compromiso de que el contrato de Pegasus se cancelara para que ustedes pudieran regresar a la mesa?—
No, el compromiso preciso, particular, fue el que se establecerían los controles democráticos. También hubo un compromiso de que se exhortaría a la Fiscalía para que diera a conocer el avance de las investigaciones (del caso Pegasus), aunque eso compete más a la Fiscalía y por su autonomía no lo compete al gobierno federal, mucho menos a Función Pública. Pero el principal voto de confianza para que el grupo de organizaciones nos regresáramos a la mesa y se pudiera trabajar con esta administración en el Cuarto Plan de Acción fueron básicamente dos. Uno, la mención expresa del Presidente, inclusive desde campaña de que no se iba a espiar y por consecuencia, el establecimiento del compromiso de los controles democráticos.
—¿Entonces, no hay evidencia de que haya terminado este contrato o haya terminado su vigencia?—
Nosotros no tenemos ningún tipo de evidencia documental de eso, de que se haya cancelado o de que no se haya renovado o de que no esté en uso.
Compromiso, sin cumplir
A pesar de que el compromiso de establecer controles democráticos al uso de herramientas para intervenir comunicaciones tiene fechas bien establecidas, una, a corto plazo, a finales de agosto de 2021 y otra, para 2024, no hay avances para lograrlo.
“No obstante, primero, por cuestiones de la pandemia, pero también por cuestiones de coordinación y de voluntad gubernamental, no ha habido mayor avance; ha habido algunas reuniones preparatorias de las mesas de trabajo, se tuvo una reunión con expertos y expertas internacionales en cuanto a la adquisición y uso de tecnologías para tener un poquito de inspiración y referencias internacionales al respecto, pero formalmente, no ha habido una sesión de trabajo per sé”, asegura Juan Manuel Casanueva.
“Estamos hablando de que a mitad de sexenio, después de reactivar justamente los trabajos de la Alianza y establecer los compromisos, ese compromiso en particular no ha tenido avance mínimo”, añade.
Para agosto de 2021, el objetivo tiene que ser establecer un mecanismo multi-sectorial de participación formal para el análisis, discusión, diseño y evaluación de política pública en materia de uso de tecnología para la intervención de comunicaciones privadas, acceso a datos conservados y geolocalización bajo apego al respeto de los derechos humanos para evitar el abuso o uso ilícito de este tipo de tecnología por parte de las instituciones gubernamentales.
Dicho mecanismo de participación tendría que involucrar a representantes de dependencias públicas involucradas en la compra, uso y supervisión de tecnologías de intervención de comunicaciones privadas, acceso a datos conservados y geolocalización estatal con el fin de implementar modificaciones regulatorias administrativas y de operación tales como: establecer normas administrativas para la regulación y transparencia de la adquisición de tecnología de intervención de comunicaciones privadas, acceso a datos conservados y geolocalización; establecer reglas internas para la instalación, criterios de uso y disposición de esas tecnologías y establecer garantías del derecho a saber y acceso al expediente propio de objetivos de acciones de intervención de comunicaciones privadas, acceso a datos conservados y geolocalización gubernamental.
El compromiso para fin del sexenio es “la unificación del marco regulatorio para ejercer intervención de comunicaciones privadas, acceso a datos conservados y geolocalización basada en principios de garantía de los derechos humanos que establezca salvaguardias basadas en los principios básicos de legalidad, necesidad y proporcionalidad de cualquier poder gubernamental que interfiera con el derecho a la privacidad”.
—¿Los controles democráticos que se deben poner al uso de herramientas de espionaje incluyen la participación de ciudadanos que sirvan de contrapeso?—
El compromiso definirá qué tipo de controles se establecen; en contextos internacionales, ha habido diferentes esquemas: en algunos casos ha habido algunas instituciones autónomas o públicas que sirven como una especie de auditores, en otros escenarios ha habido comités ciudadanos que forman parte de estos revisores y contralores de la adquisición y uso y en otros contextos, ha habido mesas multiactores que juegan ese rol.
JLMR