El Gobierno de San Pedro Garza García heredó una serie de aprietos que se multiplicaron y que acabaron en denuncias contra acciones o ex funcionarios del gobierno de Miguel Treviño.
El primer caso fue en materia de desarrollo urbano cuando el munícipe sampetrino informó a la plataforma MILENIO-Multimedios la desaparición de información oficial de las computadoras de 13 secretarías.
Días después de tomar protesta como alcalde, el 7 de octubre del 2024, el albiazul estalló contra su antecesor en un video publicado en redes sociales, donde dijo que Treviño traicionó la función y su cargo público, por lo que era una “vergüenza” tras detectarse la falta de la información oficial.
Un mes después, el 7 de noviembre, el Gobierno de San Pedro anunció la revisión de mil 900 acuerdos, licencias, permisos, autorizaciones y documentos en general firmados presuntamente en forma ilegal por Javier de la Fuente, anterior secretario de Desarrollo Urbano que había sido destituido y después reinstalado en la administración pasada.
El 19 de enero pasado, la plataforma MILENIO-Multimedios reveló que ex funcionarios de San Pedro se habrían beneficiado de su cargo público y del acceso a información privilegiada de un programa oficial que cuesta un millón de pesos anuales al municipio para crear, desarrollar y establecer una empresa privada.
Se trata de Dinorah Cantú, ex secretaria de Participación Ciudadana; Mauricio Sada Santos, ex city manager; Mariana Reyes Lagüera, ex coordinadora de Planeación de Proyectos de Participación; Eduardo Daniel Pérez Tello, ex coordinador de Transformación Digital, y Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, ex magistrado de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que crearon la empresa La Fábrica de Bots, SA de CV, presuntamente con base en el programa oficial Sam Petrino.
El pasado 21 de enero Benito “N”, ex director General de Asuntos Jurídicos de San Pedro, fue vinculado a proceso acusado por los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y daño en propiedad ajena por 15.5 millones de pesos, tras la demolición de la construcción de Torres Ysabella.
El último hecho fue la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta irregularidad detectada en la contratación de un seguro millonario de responsabilidad para proteger hasta por negligencias o falta de pericia a ex funcionarios de Miguel Treviño.
nrm