La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que deberá ser el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEEAGS) el que investigue la supuesta censura a la que ha sido sometida la candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura en la entidad, Anayeli Muñoz, luego de que dos proveedores se negaron a exhibir sus lonas.
A propuesta de la magistrada Janine Otálora, el juicio 426/2022 no fue desechado, como estaba propuesto, y fue reencauzado para que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Aguascalientes lo atienda.
La magistrada explicó que si bien el proyecto pretendía desechar la demanda al estimar que no se está impugnando un acto de autoridad electoral, sí podría haber un impacto en materia político electoral por esta decisión, sobre todo porque la demanda deja entrever una posible censura previa y violencia política de género contra la demandante.
- Te recomendamos Anayeli Muñoz acusa a Teresa Jiménez de corrupción en Aguascalientes Estados
Otálora explicó que el caso tiene que ver con el retiro de propaganda de la candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Aguascalientes.
“Viene controvirtiendo actos que atribuye a proveedores de propaganda electoral registrados ante el INE que, a su juicio, constituyen censura previa y en su caso, violencia política de género en contra de la actora; según los dichos, de acuerdo con la demanda, dos empresas, así como el titular de las mismas, se han negado a fijar la propaganda electoral que contrató con tales proveedores para difundir su candidatura”, expuso la magistrada.
“De la demanda se advierte, en efecto, un escrito de la empresa dirigido al coordinador de campaña de la actora, en el que señala que, de acuerdo con la postura de la empresa se ven en la necesidad de retirar las lonas en las que aparecen imágenes y frases que hacen alusión negativa a otras candidatas”, añadió.
Entre sus agravios, la actora refirió que se genera una afectación a sus derechos político-electorales de ser votada, ya que existe inequidad en la contienda electoral porque su propaganda electoral y la de otras candidatas al mismo cargo no se difunde en igualdad de condiciones.
La propuesta de la magistrada Otálora fue respaldada por los demás magistrados del pleno de la Sala Superior y el caso fue reencauzado al OPLE de Aguascalientes.
EHR