El comisionado Óscar Guerra Ford, integrante del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), consideró que existe un vacío legal y un pendiente por legislar para que la información que los servidores públicos difundan en sus tuits tengan un respaldo documental y los ciudadanos puedan solicitar esos documentos.
“Tenemos ahí un asunto, la ley es omisa en ese asunto…. Es una discusión que debe venir, que se debería de plasmar en la ley, aquí hay diversas opiniones, me queda claro, pero obviamente cualquier información que un funcionario público ponga en su red con el carácter institucional u oficial, pues debe estar respaldada, no en la red, sino en los documentos que obran en la institución pública”, dijo.
Así lo expresó al participar en la discusión de un recurso de revisión promovido por un ciudadano que solicitó a la Cámara de Diputados que explicara cuáles fueron las fuentes oficiales o especialistas en los que el diputado Gerardo Fernández Noroña se basó para emitir cuatro tuits relacionados con temas de Energía en febrero de 2021.
En respuesta, la Cámara de Diputados manifestó que tras una búsqueda exhaustiva en todos sus registros, “no localizó los documentos o las documentales que den cuenta de lo solicitado”.
Además, explicó que “las herramientas utilizadas en las redes sociales de la cuenta personal del diputado, no representan actividades propias de la Cámara de Diputados que deben documentarse y tampoco se trata de un medio de comunicación o una red social administrada o implementada por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo”, por lo que no era información que por ley debiera proporcionar.
Agregó que “las publicaciones que son plasmadas en dicha red social son producto de una serie de lecturas y de análisis que realiza el legislador en su día a día de diferentes medios de información y de comunicación y entre esas lecturas se encuentran los informes de gobierno, por lo que no se elaboran expresión documentales para su resguardo ni de los documentos o de los medios leídos en su cotidianeidad ni tampoco de las ideas plasmadas en su cuenta personal de Twitter”.
El caso fue presentado ante el pleno del INAI por el comisionado Adrián Alcalá, quien propuso confirmar la respuesta de la Cámara de Diputados, al considerar que si bien los tuits de legisladores sí son información pública, susceptible de que se solicite la documentación que la respalda, conforme al análisis realizado se advirtió que sí cumplió con el procedimiento de búsqueda exhaustiva establecido en la ley de la materia.
Al respecto, aunque votó a favor del proyecto, el comisionado Guerra Ford afirmó que “es un pendiente que tiene el INAI y todos, el propio Sistema (Nacional de Transparencia), hacer algunas propuestas para que en su caso esto se pueda reglamentar, pero no en lineamientos, en la ley y de ahí entonces sí surjan los lineamientos”.
JLMR