El Instituto Nacional Electoral (INE) planea solicitar al menos cinco mil millones de pesos para organizar la revocación de mandato y una eventual consulta popular el próximo año, con el compromiso de devolverlos íntegros a la Tesorería si estos ejercicios no logran las firmas necesarias.
Funcionarios de primer nivel confirmaron a MILENIO que el INE planea un proyecto que se basará en la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que rechazó la controversia constitucional en la que pedían presupuesto adicional para realizar la consulta del pasado 1 de agosto, y en la que dejó claro que es el instituto el que debe solicitar recursos de manera “precautoria”.
Así, el piso que tienen contemplado presentar el próximo 27 de agosto ante el Consejo General previo a la aprobación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2022 que preside el consejero Jaime Rivera, considera al menos tres mil millones de pesos para la revocación de mandato y dos mil millones de pesos para una consulta popular, al estar prevista en la ley una cada año y que es distinta a la figura de la revocación.
En el presupuesto presentado el año pasado, el INE solicitó mil 499 millones de pesos para la consulta popular que en ese momento se promovía como un juicio a ex presidentes. Se contemplaron 104 mil 667 casillas para que cada una recibiera hasta a mil 500 electores, en lugar de las 164 mil 500 casillas que estaban contempladas para la elección del 6 de junio de este año.
Basados en ese estudio, el INE considera que la revocación de mandato podría costar el doble al considerar que no hay material que se pueda reutilizar de una elección inmediata o funcionarios ya capacitados, como sí sucedió en la consulta popular 2021 que se realizó apenas un mes después de la jornada electoral.
El INE acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que ni la Cámara de Diputados por ser la que aprueba el presupuesto y tramita la consulta popular, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por ser parte del ejecutivo desde donde el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este ejercicio, tienen obligación de entregar recursos extraordinarios.
La resolución completa que se le entregó al INE, indica que “si bien es cierto que la Cámara de Diputados debe aprobar recursos suficientes para que el INE pueda llevar a cabo de manera completa y satisfactoria las consultas populares; también lo es que, corresponde al propio instituto presentar la propuesta que se envíe a la Cámara, ya que es el órgano técnico y especializado en la organización y ejecución de los procesos democráticos en el país y, por ende tiene la posibilidad de determinar de manera precisa y con rigor técnico los recursos económicos que requiere para realizar tales funciones que constitucionalmente se le confirieron”.
Y agrega que “si bien es cierto que el Instituto al momento de elaborar y aprobar su anteproyecto anual puede no tener plena certeza de que la consulta popular, propuesta por alguno de los legitimados para ello, se llevará a cabo; lo cierto es que, el Instituto puede elaborar de manera precautoria el presupuesto respectivo e incorporarlo al anteproyecto que envía”, así, indica el documento, en caso de que la misma Suprema corte avale la consulta, el presupuesto ya esté contemplado.
Así, una vez que se tenga esta resolución, la Cámara de Diputados “apruebe o no el presupuesto solicitado para ese rubro en particular” basándose en la aprobación o no de la consulta que se haya promovido.
El proyecto presupuestal que aprobará el INE la próxima semana se basa en la conclusión de la SCJN de que “en atención a su independencia y autonomía”, el INE puede solicitar este presupuesto para prever los gastos de estos eventuales ejercicios de democracia participativa.
MILENIO confirmó que la propuesta incluirá un transitorio en que señalará que si en noviembre, fecha límite para reunir las firmas para la revocación de mandato o una consulta popular adicional, se determina que no será viable, el INE lo devolverá a la Tesorería de la Federación de manera íntegra. O incluso, podría ni siquiera transferírsele si ya se cuenta con una resolución de la Corte definitiva.
Adicional a estos cinco mil millones de pesos, el paquete presupuestal del INE incluye los cinco mil 800 millones de pesos que se repartirán entre los partidos políticos y aproximadamente 10 mil millones de pesos de gasto ordinario.
ledz