Si alguien ha frenado el avance del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), son las mismas instituciones que lo encabezan.
La principal herramienta que se creó para operar dicho sistema es la Plataforma Digital Nacional (PDN), pero a casi dos años de haberse activado, ha sido ignorada por las seis autoridades que conforman el Comité Coordinador del SNA.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Fiscalía Anticorrupción y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han incumplido con su obligación de conectarse a esa plataforma, la cual busca concentrar información relevante para combatir la corrupción.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha cumplido, pero parcialmente.
Por ejemplo, a través de la PDN se deberían poder consultar las declaraciones patrimoniales de todas las personas que trabajan en cualquier institución pública del país de cualquier nivel de gobierno.
Los sistemas de declaraciones patrimoniales sirven para monitorear posibles enriquecimientos ilícitos de empleados públicos.
Sin embargo, ninguna de estas seis instituciones nacionales que encabezan el Sistema Anticorrupción --y que deberían poner el ejemplo para que entes estatales y municipales hagan lo mismo--, ha compartido declaraciones patrimoniales de sus empleados en la plataforma.
Destaca que aunque la SFP opera desde hace varios años el sistema DeclaraNet, no lo ha conectado a la plataforma.
De acuerdo con el más reciente informe de avances del desarrollo de la PDN, presentado en mayo del 2021 por la Secretaría Ejecutiva del SNA, la herramienta está prácticamente inutilizada por instituciones federales y sólo la han usado muy pocas instituciones estatales.
Así funciona la Plataforma
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) es la encargada de desarrollar y administrar la PDN.
Para explicar el funcionamiento de la herramienta, la SESNA pide pensar en las plataformas de internet que sirven para reservar vuelos u hoteles.
“Estas plataformas no generan los datos por sí mismas, se comunican con otros sistemas para permitir al usuario consultar de manera uniforme entre miles de opciones de diversos proveedores de información, con tan solo un clic”, dice en su informe.
En el caso de la Plataforma Digital Nacional, los proveedores de información son las instituciones públicas.
Así, la PDN sirve como puerta de acceso a seis tipos de bases de datos que sirven para detectar, prevenir y combatir la corrupción en el ámbito público.
La creación de la Plataforma es un ordenamiento contemplado en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que, al ser nacional, a ella deben conectarse todas las instituciones públicas de todo el país.
Cuando se dice ‘todas’, es ‘todas’: todos los gobiernos municipales, todas las dependencias de gobiernos estatales, los poderes legislativos y judiciales de los 32 estados, todas las dependencias del gobierno federal, la Cámara de Diputados, el Senado y el Poder Judicial de la Federación, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia, así como los organismos autónomos de todos los estados del país y los nacionales, universidades, auditorías estatales e institutos electorales.
¿Qué información debería haber en la PDN?
Las seis bases de datos que cada una de las instituciones públicas del país tienen que conectar a la plataforma son:
- Uno, la base de datos de la evolución patrimonial, la cual se alimenta de las declaraciones patrimoniales, de intereses y de situación fiscal de los servidores públicos.
- Dos, la base de datos de los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas.
- Tres, la base de datos de los servidores públicos y particulares sancionados.
- Cuatro, la base de datos de información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización.
- Cinco, la base de datos de denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción.
- Seis, la base de datos de contratos públicos.
A pesar del amplio espectro de instituciones que deben aportar información en la plataforma, la obligación de conectarse ha sido prácticamente ignorada, pues son muy pocas las que lo han hecho, principalmente del nivel estatal.
Los que sí están conectados
De acuerdo con el reporte más reciente de la SESNA, en el apartado de declaraciones patrimoniales de la Plataforma sólo hay información de apenas algunas instituciones de tres estados: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México. No hay datos de instituciones a nivel federal ni de municipios.
De Aguascalientes, hay datos de algunos servidores públicos del Comité de Participación Ciudadana del sistema local anticorrupción; del Congreso del estado, incluidos 16 diputados; del instituto estatal electoral; de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; del Supremo Tribunal de Justicia, incluidos 40 jueces; el Tribunal Electoral del estado, y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que suman sólo 2 mil 701 declaraciones.
De Guanajuato sólo hay 30 declaraciones patrimoniales de empleados del Sistema Estatal Anticorrupción.
Del Estado de México hay datos de algunos empleados del instituto de transparencia, el Poder Judicial local, del Poder Legislativo local, del Tribunal de Justicia Administrativa local y de la Universidad Autónoma del Estado de México, que suman apenas 1774 declaraciones.
En el apartado de servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas, sí hay información del gobierno federal, del que hay casi 150 mil registros; de algunas instituciones del Estado de México, de las que hay mil 11 registros; de instituciones de Zacatecas, de donde hay 47 registros; de Oaxaca, del que hay apenas 28 registros, y de Chihuahua, de donde hay sólo 5 registros.
De la base de datos de servidores públicos sancionados, hay 3 mil 234 registros de la SFP; 57 de algunas instituciones de Sonora; 26 de instituciones del Estado de México y sólo 2 de instituciones de Yucatán.
De las bases de datos sobre información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, y de denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción, no hay registros.
De la base de datos de contratos, sólo está la información de la plataforma CompraNet, de 2017 a 2020.
Entre promesas y desconocimiento
En la última sesión ordinaria del Comité Coordinador del SNA, del 20 de mayo pasado, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, destacó que la dependencia ya conectó dos de los seis sistemas de la plataforma --el de servidores públicos que intervienen en contratos y de servidores públicos sancionados-- y prometió conectar el de declaraciones patrimoniales, conocido como sistema uno, lo más pronto posible.
“A pesar de lo que estamos enfrentando, la contingencia, actualmente el área de tecnologías de la información de esta dependencia del Poder Ejecutivo, en coordinación estrecha con la SESNA, se encuentran en la última fase del procedimiento para la interoperabilidad, para lograr esta interacción del sistema uno, que es de lo más relevante”, dijo.
Pero a pesar de formar parte del comité coordinador del SNA, la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, ha exhibido desconocimiento del funcionamiento de la plataforma, pues confunde los sistemas de la SFP con los propios de la fiscalía que encabeza, la cual es un órgano autónomo.
En octubre pasado, en sesión pública del comité, pidió al secretario técnico, Ricardo Salgado, que le explicara “cuál sería la diferencia entre la Plataforma Digital Nacional y los sistemas que nos provee la Secretaría de la Función Pública… ¿si es algo más o cada miembro del sistema aporta su propia tecnología?” “Confieso la ignorancia”, dijo.
En mayo de este año, Mijangos volvió a confundir la diferencia entre la información que aporta la SFP y la que debe aportar -y no ha hecho- la fiscalía, ante lo que el secretario técnico tuvo que volver a explicarle.
“En el momento en que la Secretaría de la Función Pública se interconecte, exclusivamente tendremos la información de los servidores públicos de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, es decir, todos los demás servidores públicos de los entes autónomos, de los otros poderes, no estarán interconectados si no se interconectan con la plataforma”, explicó Salgado.
ledz