Existe un precedente de la demanda que México entabló en Estados Unidos en contra de 11 fabricantes de armas. Este se remonta a diciembre de 2012, cuando Adam Lanza, un joven de apenas 20 años, abrió fuego en la escuela primaria de Sandy Hook en Connecticut cobrándose la vida de 26 personas de las cuales 20 eran niños de seis y siete años.
En febrero de 2014, los familiares de las víctimas presentaron una demanda en contra del fabricante de armas Bushmaster Firearms (parte de Remington Outdoor), el distribuidor Camfour Inc y la tienda de armas de East Windsor que vendió un rifle de asalto tipo AR-15 que Adam utilizó para dispararle más de una vez a todas sus víctimas.
La demanda argumenta que la forma en que estas empresas vendieron y comercializaron el arma de estilo militar, es decir que fue fabricada expresamente para ir a la guerra, en el mercado civil es una forma de negligencia que los hace responsables de la muerte de los niños y maestras durante el tiroteo. Remington negó las acusaciones. El caso, después de tantos años, sigue en curso.
El argumento es similar al utilizado por el gobierno mexicano en contra de las compañías fabricantes de armas, que alega que el comercio negligente de éstas facilita el tráfico ilegal de armas a través de la frontera. Armas que, finalmente, terminan en manos de grupos de la delincuencia organizada, responsables, en gran medida, de la violencia que vive el país.
Luego de asesinar a su madre, Adam, que vestía un chaleco antibalas y un uniforme militar de color negro, subió al coche de la familia y condujo hasta la primaria donde ejecutó el atentado con tres armas diferentes: una pistola SIG Sauer de 9 mm, otra pistola Glock de 10 mm y un fusil Bushmaster XM-15 calibre 5.56 mm (.223).
El fusil Bushmaster XM-15 fue el arma con el que masacró a quienes tuvieron la mala suerte de encontrarse con él esa mañana, la Glock de 10 mm es la pistola con la que se suicidó tras el ataque y la SIG Sauer de 9 mm fue encontrada por la policía entre sus ropas aunque no la usó.
En julio pasado, como parte de un intento de acuerdo reparatorio Remington, que se fue a la quiebra, ofreció 33 millones de dólares a los familiares de nueve de las 26 víctimas muertas en la primaria de Sandy Hook.
Cifra bastante lejana a lo que los demandantes pidieron en febrero pasado a la corte, que lleva el caso en Alabama, donde dijeron que el acuerdo, por homicidio culposo, se acercaba a los 225 millones de dólares, con un total de reclamaciones punitivas que, posiblemente, superen los mil millones de dólares.
Al darse a conocer el ofrecimiento de Remington el abogado de las familias, Josh Koskoff, sostuvo en un comunicado que "desde que se presentó este caso en 2014, el enfoque de las familias ha sido prevenir el próximo Sandy Hook (…) Una parte importante de ese objetivo ha sido mostrar a los bancos y aseguradoras que las empresas que venden armas de asalto a civiles están plagadas de riesgos financieros".
En 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos sentenció que la demanda de uno de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre en la escuela primaria Sandy Hook procedía a pesar de los intentos de la defensa por echar para atrás las acusaciones alegando que únicamente la tienda que vendió el arma podría enfrentar una demanda por negligencia, pero que no prosperaría en los tribunales ya que la tienda vendió el arma de manera legal.
Los jueces del máximo tribunal estadounidense rechazaron el argumento de la empresa de que está protegida por una ley, que se remonta a 2005, y que desestima la mayoría de las demandas contra fabricantes de armas cuando sus productos se utilizan para cometer delitos.
Ese es el camino que México quiere retomar en enero cuando empiece el juicio en Boston por comercio negligente, aunque primero las empresas demandadas deben presentar sus contraargumentos este lunes.
En realidad, esa fría mañana de diciembre, Adam no se llevó a 26 personas sino a 28, incluyendo a su madre, que fue encontrada en casa todavía vestida con su pijama y cuatro balazos en la cabeza, además de él mismo, pues tras abrir fuego en la primaria matando e hiriendo a niños y maestros inocentes con el rifle AR-15, el joven… se suicidó con una pistola corta.
La masacre conmovió a Estados Unidos y al mundo entero, incluyendo a México que, en voz del entonces presidente Enrique Peña Nieto envió su “solidaridad con el pueblo estadounidense y el presidente Barack Obama”.
El caso de Sandy Hook, ha servido en Estados Unidos para que se abra un importante debate entre partidarios tanto del control de armas como del derecho a portarlas y los alcances de una y otra postura.
Desde el 2012, los fabricantes de armas de todo Estados Unidos siguen de cerca el juicio que podría servir de precedente para otros casos de matanzas al permitir a las víctimas demandar a los fabricantes a pesar de la ley federal. Precisamente como busca México.
Eso sí, el camino para ganar la demanda no se avizora sencillo. En el caso Sandy Hook, por ejemplo, Remington se ha defendido ferozmente, ya sea pidiendo los registros escolares de las víctimas para intentar trasladar la responsabilidad a otros factores y no a su marketing para vender armas de guerra entre civiles, o retrasando por años el juicio pidiendo plazos extra de tiempo para buscar pruebas que incluso, según han denunciado las familias, han sido dibujos y caricaturas que no tienen una relación clara con el caso.
ledz