La consejera del Instituto Nacional Electoral Carla Humphrey reportó el año pasado ingresos por 2 millones 314 mil 510 pesos, de acuerdo con la declaración patrimonial ampliada de su esposo, Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De la declaración de conclusión del cargo, publicada el 7 de enero pasado, se desprenden los ingresos anuales de la consejera, quien tiene un ingreso neto de 169 mil 125 pesos más prestaciones. En la declaración patrimonial ampliada, la pareja reportó ingresos anuales por 7 millones 845 mil 684 pesos.
En el desglose, Nieto reportó que de 5 millones 531 mil 174 mil pesos de ingresos, 2 millones 99 mil 552 corresponden a actividades industriales, comerciales o empresariales, según el formato de la Función Pública, así como un millón 870 mil 803 pesos por servicios profesionales, consejos, consultorías y asesorías, y otros ingresos no considerados en los rubros anteriores de 379 mil 166 pesos.
Antes, Humphrey fue directora general de Asuntos Normativos de la UIF, secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejera electoral del IEDF y consultora nacional de ONU Mujeres. Además, es socia de la Organización International Women’s Forum IWF y forma parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas.
El jueves pasado se dio a conocer que la FGR abrió una carpeta de investigación contra el matrimonio, por lo que ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) entregarle toda la información que posea sobre ambos.
En particular demandó datos sobre las viviendas que posee el matrimonio Nieto-Humphrey, que adquirió el año pasado una residencia en San Ángel con base en un crédito hipotecario de 24 millones de pesos dividido entre los dos, pagadero a 20 años, como reveló MILENIO en mayo de 2021. La propiedad tiene una mensualidad de 146 mil pesos, de los cuales cada uno cubre 73 mil pesos.
En 2021, último año de trabajo en el gobierno federal, Nieto obtuvo al menos 5.5 millones de pesos anuales de ingresos resultado de su salario como funcionario público, de arrendamientos y servicios profesionales; estos últimos independientes a la función pública que desempeñaba, entre ellos la publicación de libros.
De acuerdo con su declaración patrimonial, publicada la noche del 7 de enero en la plataforma DeclaraNet, el ex titular de la UIF reportó al inició del sexenio ingresos adicionales a su salario de un millón 20 mil pesos, provenientes de sus servicios profesionales de consultoría, así como 240 mil pesos anuales aproximadamente por “otros” ingresos.
Aseguró que no es empresario y que tiene en arrendamiento la mayoría de los inmuebles que obtuvo por medio de hipotecas, por lo que prácticamente se pagan con las mismas rentas.