El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó una iniciativa de reforma constitucional y otra de modificaciones a diversas leyes para “blindar” los procesos electorales contra la intervención del crimen organizado y castigar hasta con 30 años de prisión a candidatos, dirigentes partidistas, funcionarios electorales o servidores públicos que, por acción u omisión, permitan dicha injerencia.
En vísperas de la discusión de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder de la bancada priista propuso una enmienda constitucional para imponer la prisión preventiva oficiosa en caso de que se acredite la participación del crimen organizado en los procesos electorales.
Planteó igualmente la “suspensión o revocación” de gobiernos municipales, cuando, derivado de la actuación del comisionado electoral y el observatorio del INE, se desprendan elementos suficientes para considerar la existencia de una infiltración de la delincuencia en los ayuntamientos.
El proyecto de reforma a la Constitución considera así la creación de un comisionado electoral en el INE designado por la Cámara de Diputados y con facultades para prevenir, investigar y combatir todo acto que atente contra el voto libre, razonado e informado de los ciudadanos, la injerencia del crimen organizado o asociaciones delictivas, así como la existencia de financiamiento de procedencia ilícita.
De igual forma, podrá declarar la suspensión del proceso electoral en un plazo de 72 horas cuando se acredite la injerencia del crimen organizado o asociaciones delictivas o por el homicidio de un candidata o candidato por parte del crimen organizado en un plazo máximo de 36 horas a partir de que se tenga conocimiento de la comisión del delito.
Moreira puso también a consideración de los diputados la creación de un Observatorio Electoral designado por las dos terceras partes del Consejo General del INE para desarrollar, implementar y administrar un sistema de investigación que informe de manera objetiva, técnica y oportuna aquellos riesgos y amenazas que potencialmente puedan afectar los procesos electorales.
La iniciativa de reformas a las leyes en Materia de Delitos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y al Código Penal Federal, así como a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, prevén asimismo inhibir y alejar al crimen organizado de los procesos electorales, ampliando el catálogo de sanciones, entre las que destacan retirar el financiamiento público y cancelar el registro a partidos políticos, así como a candidatos.
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Sobresale un nuevo artículo al Código Penal Federal para castigar con 15 a 30 años de cárcel “a la persona candidata, precandidata, funcionaria partidista, funcionaria electoral o servidora pública que, por omisión o acción, permita la participación del crimen organizado en procesos electorales”.
Se considera, igualmente, que los delitos relacionados con la intervención del crimen organizado en procesos electorales, así como el homicidio de un candidato o candidata por parte de las organizaciones delictivas, sean imprescriptibles.
EHR