El pleno del Senado aprobó las reformas a la Constitución enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir la reelección y el nepotismo electoral.
Y aunque la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación, ésta no entraría en vigor sino hasta 2030.
La iniciativa plantea prohibir el “nepotismo electoral”, buscando la idoneidad de aquellas personas que pretendan participar para un cargo de elección popular. Pero, ¿qué significa y a quiénes afectaría esta iniciativa? Te contamos.
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¿Qué plantea la reforma contra nepotismo?
La iniciativa pretende que aquellas personas que tengan o hayan tenido, en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja con algún funcionario público, no puedan participar.
Tampoco podrán participar en las elecciones si tienen parentesco de consanguinidad o civil, en línea recta, sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ocupa el cargo por el cual participarán. Es decir, no podrán participar quienes tengan hijos, primos, tíos, sobrinos, abuelos o nietos y parientes lejanos o políticos en la administración.
En este caso, se establece que dichas disposiciones serían aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales.
Elimina reelección
El documento plantea que se prohíba también la reelección para las personas que hayan obtenido un cargo de elección popular, por lo que no podrían ser reelectas para el periodo inmediato posterior, es decir, no participarían como candidatas para el mismo cargo que están ejerciendo.
En este sentido, dicha prohibición de reelección será aplicable a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030.
¿Cuándo entrará en vigor?
De acuerdo con el documento, la prohibición de reelección de las personas servidoras públicas, serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030.
Respecto al apartado del nepotismo, se establecía que dichas disposiciones serían aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2027. No obstante, tras la sesión de ayer, se acordó que se aplique hasta el 2030.
¿A quiénes afectará la reforma?
En la política mexicana existen varias dinastías, cuyos integrantes han ocupado o tienen actualmente cargos en la administración pública. Desde la familia Monreal, en Zacatecas; hasta la familia Salgado Macedonio, en Guerrero, los efectos de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum afectará a todos los que busquen un cargo de elección popular.
Dinastías partidistas estarían ante su posible fin, o la espera de un periodo para buscar cualquier cargo.
Uno de los afectados sería el ex alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, quien deberá esperar un periodo más para contender por la gubernatura de Zacatecas, que actualmente ocupa su hermano David Monreal, y que anteriormente ya fue ocupada por su otro hermano, el actual coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
Con esta iniciativa se frenarían también, momentáneamente, las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio por la gubernatura de Guerrero —la cual intentó ganar en 2021, pero que fue detenida por el INE—, y que actualmente ocupa su hija Evelyn.
¿Qué dice Sheinbaum sobre la iniciativa?
Luego de la decisión del Senado de que la reforma entre en vigor hasta el 2030, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su postura se mantiene, y opina que debería de ser válida desde 2027. A la vez, reiteró que un gobernante no puede ser sucedido por un familiar directo.
“Mi posición fue como la envié, que es que sea a partir de 2027, y en el caso de reelección a partir de 2030, así fue enviada la reforma, el Senado o la Cámara de Diputados, pues pueden decidir cambiar la fecha. Mi posición es que sea desde el 27”, insistió.
¿Qué sigue para la reforma?
La reforma busca modificar los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución, por lo tanto, deberá ser avalada por el Senado y la Cámara de Diputados, así como al menos 17 de los congresos locales, antes de entrar en vigor.
Actualmente, acaba de concluir su paso por la Cámara Alta, y fue turnada a San Lázaro para su discusión, votación y posible aprobación.