Con participación de otras instituciones, la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo entonces de Jesús Murillo Karam, practicó la tortura de manera sistemática y generalizada contra detenidos por el caso Iguala en 2014 y 2015, concluye un dictamen elaborado por el profesor Juan Méndez para la fiscalía especial del Caso Ayotzinapa.
La intención de la PGR no fue investigar los crímenes sino crear la narrativa alterna que Murillo denominó “verdad histórica”. Son hechos tan graves que un tribunal internacional podría llegar a calificarlos como crímenes de lesa humanidad, consideró Méndez.
Desde Ginebra, Suiza, y en vísperas de la presentación de su nuevo libro Un puesto de lucha. Los derechos humanos en evolución, que tendrá lugar el 31 de marzo en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México, el ex relator de la ONU para casos de tortura habla por primera vez de su reciente contribución a las pesquisas sobre la noche de Iguala, en exclusiva para MILENIO.
“No era solamente una opinión jurídica, lo hice sobre la base del estudio de muchos materiales que la fiscalía especial puso a mi disposición, incluidos videos de interrogatorios informales, por no decir ilegales, y también partes importantes del expediente”.
Méndez se enfocó en los ocho detenidos cuyas declaraciones, arrancadas con violencia, formaron la base de la versión desarrollada bajo las órdenes de Murillo Karam.
“Yo he tenido mucho contacto con personas torturadas y he conocido actos de tortura, pero rara vez uno encuentra documentación tan clara y al mismo tiempo con la intención de crear una narrativa y no con la intención de investigar los hechos debidamente”, explica el hoy académico del Washington College of Law.
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Los videos que examinó no muestran los peores tratos contra los detenidos, sino que constituyen “una especie de formalización de un interrogatorio que sí ocurrió bajo severas torturas”.
Son eventos “duros desde el punto de vista verbal y, en algunos casos, con algunos golpes también. La apariencia de cada una de estas personas, rodeados de gente, a veces fuertemente armada, a veces simplemente presionándolos, con las manos atadas y agachados, y, efectivamente, demostrando una gran temor, me hacen llegar a la conclusión de que estos videos fueron tomados, literalmente, minutos o a lo sumo un par de horas después de una sesión de torturas muy seria”. Además del empleo de la tortura psicológica, que “puede darse de distintas maneras, por ejemplo, las amenazas de ser golpeado o de que algo le pase a la familia de uno”.
Entre la abundante documentación que empleó, Méndez tuvo a su disposición “dictámenes médicos tomados contemporáneamente, en horas de estos mismos videos y algunos después. De los ocho que yo revisé, en uno, y como dos meses después, un médico forense de la Procuraduría dice que, efectivamente, esta persona fue torturada. En los otros, los distintos médicos que los revisan dicen que las heridas que muestran pueden haber sido provocadas por raspones, por tratar de escaparse en el momento de la captura, todo lo cual es bastante poco probable y un médico forense trabajando de buena fe y usando el Protocolo de Estambul puede demostrar que esas heridas que muestran no pudieron haber sido provocadas solamente en el acto de ser capturado”. Además, estos dictámenes tenían contradicciones con el expediente y entre sí mismos, “de manera que fue un trabajo bastante poco prolijo”.
Tortura generalizada y sistemática
La trayectoria del profesor Méndez se origina en impactantes experiencias personales. En su natal Argentina, durante la dictadura militar de los años 70, él mismo fue víctima de detención arbitraria, desaparición y tortura física y psicológica. Eso definió su larga trayectoria en derechos humanos. Fue presidente del Centro Internacional para la Justicia Trasnacional y, de 2010 a 2016, relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
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A principios de 2015, y tras una visita a México el año anterior, dio a conocer un informe en el que concluyó que “la tortura y los malos tratos en la detención son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”. También afirmó que “hay evidencias de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de la tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
Ahora, en su dictamen sobre Ayotzinapa, a la categorización “generalizada” añade que la tortura en este caso fue “sistemática” porque “tanto los videos como los dictámenes médicos eran casi idénticos y en todos los casos procuraban aminorar el impacto de la tortura”.
Para ayudar a entender el alcance de estos hechos, el profesor Méndez explica que los crímenes de lesa humanidad “son actos muy graves contra la vida y contra la integridad física y moral de las personas, incluidas, por supuesto la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, pero que se producen en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. En el dictamen dije un poco tentativamente, porque tampoco era mi función establecer responsabilidades penales, pero sí dije que como corpus delicti, como cuerpo del delito, la sucesión de casos de tortura en forma sistemática y también generalizada podría, en las condiciones de una investigación penal bien hecha, ser considerada crimen de lesa humanidad”.
De acuerdo con los videos y dictámenes, las personas directamente involucradas serían personal de la PGR, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Marina, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Policía Federal. Pero no serían las únicas susceptibles de sujetarse a proceso, pues “en derecho internacional no bastaría con castigar solamente a la persona que golpea a un detenido o le aplica la picana eléctrica, sino que hay una responsabilidad de superiores jerárquicos, que llegará a donde llegue según lo que la evidencia demuestre”, precisa Méndez, ya que “los responsables de la tortura tienen que ser investigados a todos los niveles” y se “establece claramente la responsabilidad de los superiores jerárquicos en prevenir, controlar y también castigar la tortura que puedan cometer sus subordinados”.
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Polémica con Peña Nieto
En 2015, el informe sobre tortura del entonces relator de la ONU causó una enorme molestia en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que rechazó que la tortura fuera generalizada e incluso dijo que Juan Méndez había hecho afirmaciones “irresponsables y poco éticas”.
A siete años de esa polémica, recuerda que “yo dije que estaba dispuesto a reconocer mi error si se me demostraba que estaba equivocado. Y en ningún momento se produjo ninguna demostración de ese tipo. Yo entiendo que el gobierno de ese momento le pueda haber causado irritación, pero a mí no me invitaron a México para decir lo que el gobierno quería que yo dijera sino que todas las visitas de relatores de las Naciones Unidas son para confrontar verdades, por dolorosas que sean”.
Por otro lado, en el informe que molestó a Peña Nieto recomendó sacar a las fuerzas armadas de la seguridad pública y, ahora, “me decepciona un poco que se le haya cambiado el nombre y no mucho más porque la Guardia Nacional sigue dependiendo de la Marina y el Ejército. Desde que se dispuso el desplazamiento de las fuerzas militares, creo que en 2008, la situación no ha mejorado, no ha sido suficiente ni remotamente efectiva la presencia de fuerzas militares en la lucha contra el crimen organizado y más bien se ha pasado de tener una seria crisis de seguridad y de violencia, a tener dos crisis, una de violencia y seguridad, de la cual obviamente el responsable es el crimen organizado, pero también una crisis de derechos humanos muy grave, de la cual el Estado es responsable”.
EHR