El “Trife” confirmó el primer caso en Tamaulipas de violencia política de género en el actual proceso electoral. La candidata panista a la alcaldía de Matamoros, Ivett Bermea, fue agraviada al señalarse que es un instrumento de su esposo para recuperar el poder político en ese municipio.
La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la resolución de los Magistrados tamaulipecos, aunque aclararon que el periodista Alejandro Mares solo en algunas publicaciones incurrió en dicha falta.
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“Unas no actualizaban la infracción porque se emitieron en ejercicio de la libertad de expresión, sin afectar los derechos de la entonces diputada local y actual candidata del PAN a la presidencia municipal de Matamoros”.
Se expone que en ciertas notas sí fue agraviada porque refieren que ella “es un medio o instrumento utilizado por su esposo (Carlos García, secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal) para recuperar el poder político de Matamoros, y la libertad de expresión no faculta o permite a los periodistas violentar a las mujeres”.
El acusado había acudido al TEPJF con la intención de echar abajo la sentencia del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), que a su vez le había dado la razón al Ietam cuando el 3 de marzo declaró existente la responsabilidad de Alejandro Mares y le impuso una amonestación pública y una multa por denostar a Ivett Bermea en sus aspiraciones por la alcaldía de Matamoros.
Y es que el informador también mencionó la supuesta existencia de perfiles masculinos con mejor reputación, aunado a sugerir que sus logros se basan en la posición de su esposo “como poderoso personaje de la política local”.
Los argumentos
En su defensa, Mares alegó que no todas las notas son de su autoría o de su periódico en Facebook, sino que simplemente algunas las compartió y no constituyen violencia política de género sino una crítica al desempeño de una funcionaria pública.
Los Magistrados reconocieron que en algunos casos no se constituía la falta porque era parte de su libertad de expresión, sin que tuvieran como resultado menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos de Bermea Vázquez.
Finalmente, el Tribunal federal estipuló que la libertad de expresión no faculta o permite a los periodistas a realizar violencia política de género, dado que el papel que juegan como formadores de opinión, tienen el deber de evitar realizar publicaciones que estereotipen a las mujeres.
CGCH