El dictamen prevé el nombramiento de tres magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del TFJA como responsables de imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas.

Esa cantidad es el daño patrimonial que la ASF consideró que dicha empresa ocasionó a la Hacienda Pública Federal.

A la empresa se le acusó de haber actuado con dolo al haber realizado cobros en exceso a Pemex Refinación por 22 millones 495 mil 882 pesos.

La sanción confirmada por la Tercera Sala Regional Metropolitana del TFJA también incluye una multa resarcitoria por 57 millones 192 mil pesos a Carlos Alberto Pedrero Rodríguez.

La multa que aplicó la ASF se debe a que el ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz pagó con recursos federales, de manera indebida, bonos y gratificaciones a trabajadores administrativos de esa dependencia local.

El Tribunal resolvió que la impugnación se presentó de manera extemporánea, por lo que deberá pagar el daño causado a la Hacienda pública federal.

Por unanimidad, se determinó que la recesión estuvo debidamente fundada y motivada por el entonces director general del Centro SCT Morelos.

La profesora argumentó que, durante el procedimiento de fiscalización, “se violentó su garantía de audiencia y derecho humano de acceso a la justicia”.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, tomó la protesta de ley a los nuevos magistrados, quienes se desempeñarán en el cargo por un periodo de 10 años.

Con las suspensiones de las sanciones, PiSA y Dimesa podrán participar en la licitación consolidada de medicamentos que el gobierno federal celebrará a través de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas.