El “subsidio piso” que desde hace por lo menos dos décadas se daba a los institutos, secretarías o consejos de cultura de los estados de la República mexicana era en realidad una participación mínima que hacía como política pública el gobierno federal. Si pensamos en los 2 mil millones de pesos de subejercicio que tuvo el primer año de este gobierno en su fracasado programa Cultura Comunitaria, retirar mil millones a las entidades federativas fue una catástrofe. No sólo hacían grandes festivales, que era lo más visible. Amén de atender a sus artistas y en no pocos casos escuelas de formación y demás programas, se establecieron fondos para el desarrollo cultural de las regiones del país. Con los fondos regionales se podían operar proyectos importantes, realizar festivales (así nació hace más de 20 años el Festival de Monólogos en Coahuila), permitir la circulación de maestros y artistas, etcétera.
Por supuesto que había robadera en el pasado con ese “subsidio piso”. ¿Cuándo no la ha habido? Ni que no viéramos la actual, tan evidente. Que un funcionario desaparezca programas y fondos o políticas públicas republicanas bajo la consigna y propaganda de que “es que era una robadera” lo único que evidencia es su incapacidad y negligencia, su extremo desconocimiento del delicadísimo ecosistema cultural del país y su irresponsabilidad criminal. Amén de que los recursos en este gobierno se aplicaron mal: se ha neceado en inyectar dinero a un navío naufragado desde los inicios de su pésima entrada en operación (Cultura Comunitaria), se ha desviado a una macroinfraestructura que no se necesitaba y menos en la zona privilegiada en donde está, que posee la más alta densidad de servicios culturales (Los Pinos) y el desvío de fondos vía subejercicios escandalosos al Tren Maya… Todo ello se hizo bajo la consigna de no gastar en los artistas ni en los colectivos ni en los estados de la República: “Es que era una robadera”.
Traspunte
Sobre la responsabilidad
Estatizar la cultura como si pudiese prescindir de los artistas y la sociedad civil organizada (a la que criminalizó) llevó a la desaparición de centenares de proyectos ciudadanos, pero también a la parálisis de programas y proyectos culturales en la República. Suprimir el “subsidio piso” en lugar de sostener una vigilancia estrecha sobre su aplicación es renunciar a una responsabilidad primordial.