El proceso electoral para renovar el Poder Judicial Federal comenzó y en Coahuila 99 personas buscan alguno de los 31 cargos en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que pertenecen al Octavo Circuito.
En este marco, especialistas consultados por MILENIO ven riesgos en el proceso que van desde que el Instituto Nacional Electoral (INE) tenga la capacidad logística hasta lograr convencer a la ciudadanía en participar ante el nulo acceso que tendrán las y los aspirantes a medios tradicionales, así como el manejo de redes sociales.
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Miguel Ángel Hernández Muñiz, especialista en Derecho Electoral y activista en Derechos Humanos, consideró que este proceso está envuelto por la incertidumbre de si el árbitro electoral estará a la altura del reto que implica.
“Se antoja complejo de entrada porque el INE no fue diseñado para una elección de esta naturaleza y el esfuerzo va a tener que ser enorme para poder aplicar todos y cada uno de los principios rectores. De entrada no es a través de distritos y la geografía electoral a la que estamos acostumbrados”.
Desinterés de la ciudadanía
El especialista ve como otro principal problema que el grueso de la población poco sabe o le interesa el proceso electoral.
“De entrada no estamos listos, desconocemos a profundidad lo que esto significa y ha habido un debate enorme, pero a nivel de estructuras y organizaciones. El grueso de la población en este momento tiene información muy básica y esto significa que va a haber una afluencia para votar baja”.
Señaló que la falta de información es evidente y el argumento usado para esta reforma no fue el mejor, pues sus promotores la justificaron con el hecho de que el pueblo era consciente de esto al votar el año pasado para renovar la presidencia de México y el Congreso de la Unión.
“El argumento de la reforma que tiene que ver con que el pueblo votó para eso no es del todo cierto y se va a ver reflejado en las urnas. Quienes van a votar son personas afines a estructuras políticas, pero no necesariamente la ciudadanía”.
Hernández Muñiz resaltó que la falta de acceso a medios de comunicación masivos también será otra limitante para que la ciudadanía conozca más sobre quienes aspiran.
“Es una elección atípica porque el sistema electoral mexicano está diseñado para otra cosa con dos elementos básicos: el acceso a radio y televisión y el financiamiento para partidos, pero en este caso no se considera eso para llegar al grueso de la población”.
Consideró que este proceso, más que buscar un interés genuino por mejorar el Poder Judicial, refleja una disputa entre los grupos de poder en el país.
“Lo que vemos desde mi punto de vista es un interés político de los grupos que se disputan el poder en el país, pero es falso que esos intereses sean respaldados por el pueblo que está ocupado por sobrevivir”.
De ahí dijo que se abren otras preguntas: ¿quién va a financiar las campañas?, ¿qué intereses mueven a quienes buscan un cargo: quedar bien con el poder económico y político?
“Espero que el INE tenga la fortaleza y capacidad para sacar adelante el proceso electoral. Habrá muchos asegunes”, concluyó el especialista.
Redes sociales jugarán papel fundamental
El catedrático universitario y mercadotecnista, Tomás del Bosque consideró que es pronto para definir si la sociedad está lista o no para un proceso así, pero hay bases que se pueden tomar de elecciones tradicionales para darse una idea de lo que puede pasar.
“Por el momento solo podemos especular y tomar en cuenta algunos factores con base en las elecciones tradicionales en las que hemos tenido experiencia, y con base en eso suponer la forma en que se comportan variables tan distintas, con contextos y reglas muy diferentes durante las campañas y elecciones”.
En ese sentido, refirió que en las elecciones tradicionales hay dos figuras de elección popular más cercanas con la población y donde juegan varios factores: la persona candidata y el partido por el que participan, pero en este proceso no.
“Aunque los candidatos al Poder Judicial pueden pertenecer o ser cercanos a un partido, no podrán contar con el ‘poder de marca’ de los mismos, ni tampoco tendrán la posibilidad de utilizar medios masivos de comunicación para sus campañas, por lo que las redes sociales y la forma en que se utilicen tendrán un papel preponderante para dar a conocer a los ciudadanos sus propuestas y proyectos”.
Del Bosque señaló que la población poco conoce de las funciones de los cargos en disputa, por lo que en las campañas tendrá que haber un esfuerzo doble para explicarlo.
“Me aventuro a pensar que las funciones de jueces y magistrados son desconocidas para la mayoría de los ciudadanos, por lo que esto supone un esfuerzo gigantesco y muy complicado en temas de comunicación para posicionar a un determinado candidato”.
El especialista anticipa que, de no haber campañas atractivas, puede existir una baja participación ciudadana.
“Aunque sabemos de antemano de la importancia que el Poder Judicial tiene en nuestra sociedad, la mayoría de los ciudadanos pueden sentir que los candidatos y sus propuestas son demasiado técnicas como para comprenderlas en tan poco tiempo. Espero equivocarme, pero creo que en este primer ejercicio, la participación ciudadana en estas elecciones puede ser mucho menor”.
Las y los candidatos a cargos del Poder Judicial de la Federación solo podrán difundir sus propuestas vía volantes de papel reciclado y mediante reuniones o actos públicos que no rebasen el tope de gastos aprobado.
José Luis Vázquez, delegado del INE en Coahuila, destacó que en caso de detectar promoción de mensajes en radio o televisión investigarán la procedencia de los mismos, pues no puede haber inversión de recursos públicos ni privados.
“Nuestra expectativa es que las y los candidatos se sujeten a las reglas que ha expedido el INE para que puedan hacer sus campañas. Ya sabemos que hay una serie de restricciones que están en la ley, como que no pueden gastar recursos públicos ni privados”.
El funcionario electoral refirió que los y las candidatas que infrinjan estas normas podrían ser sancionados con una multa y hasta perder su postulación.
“En este momento el INE está certificando asambleas de organizaciones que quieren ser partidos políticos nacionales y tienen prohibido a los candidatos presentarse en este tipo de eventos, tampoco pueden contratar tiempos en radio o televisión, bardas, parabuses y solo volantes siempre y cuando sean con materia reciclado”.
Resaltó que las y los aspirantes al Poder Judicial deberán subir su información curricular y otros datos sobre sus propuestas a la PLATAFORMA para que de esa forma la ciudadanía conozca más.
“Estas campañas son inéditas y vamos a ver cómo se dan”.
DAED