Delia Quiroa, activista y buscadora de desaparecidos en Tamaulipas y otras partes de México, venderá su carro y otras de sus pertenencias, para poder financiar su campaña ya que ella busca ser jueza de distrito en Sinaloa.
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Lidera el colectivo 10 de Marzo en Tamaulipas, y justamente la falta de asesoría legal que había en el tema la llevó a prepararse como abogada.
Su paso entre los juzgados la llevó a inscribirse para ser jueza de distrito en Sinaloa, aunque nunca ha participado en una campaña, por lo tanto no puede saber cuánto se va a gastar, pero de que ocupa dinero sí es seguro.
La única manera de poder financiar su campaña es con dinero propio, sin embargo, admite que no tiene muchos recursos, razón por la que decidió poner a la venta su coche.
“Soy Delia Quiroa, del Colectivo de Búsqueda de Desaparecidos 10 de Marzo y actualmente estoy registrada para la contienda de elección judicial de jueces y magistrados. En vista de que el viernes pasado, 21/03/2025, quedó firme que no habrá gastos de campaña para la elección judicial, el día de hoy PONGO EN VENTA MI CARRITO JETTA automático en $27,000.00 pesos M.N. lo vendo barato porque tiene un detalle en la transmisión, jala bien no te deja tirad@, ayúdenme a compartir por favor necesito venderlo”, compartió la activista en sus redes sociales y entre sus contactos de WhatsApp.
No es lo único de lo que se tendrá que deshacer la activista y abogada, pues en unos días hará una venta de garage, y con el dinero que obtenga piensa comprar material para hacer pulseras y ponerlas a la venta.
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No es la primera vez que Delia se ve obligada a vender sus pertenencias para continuar con su lucha. En 2014, cuando su madre y su hermano Roberto fueron secuestrados en Reynosa, su vida cambió para siempre. Cuarenta días después, su madre fue liberada, pero Roberto nunca volvió. La familia tuvo que huir y refugiarse en otra ciudad, durmiendo en terminales de autobuses hasta poder establecerse.
La falta de apoyo legal en los casos de desaparecidos la llevó a estudiar Derecho. Antes de eso, había intentado mantenerse con un negocio de aplicación de uñas, pero fue en los tribunales donde entendió la profundidad del problema: muchos casos ni siquiera eran investigaciones formales, sino simples actas circunstanciadas.
“Una vez el Ministerio Público firmó un acuerdo para realizar una búsqueda y nunca cumplió. Ahí entendí que las autoridades nos daban papeles sin valor. Yo estudiaba Mecatrónica, pero dejé la beca para estudiar Derecho los sábados. Necesitaba entender los documentos y defender nuestros derechos”, dice en entrevista con MILENIO.
Así, entre trámites, amparos y litigios, su camino la llevó hasta la contienda para ser jueza. Sin embargo, no se postuló en Tamaulipas porque sería un riesgo para su seguridad y porque podría incurrir en un conflicto de intereses, ya que ha interpuesto recursos legales contra las mismas autoridades con las que tendría que trabajar.
Pero competir en otro estado no la pone en ventaja. En Sinaloa hay 29 aspirantes al cargo, la mitad de ellos con carrera dentro del Poder Judicial, lo que les da acceso a recursos que ella no tiene.
“Voy en desventaja porque ellos tienen dinero. Solo para recorrer Sinaloa en transporte público y comiendo una vez al día, necesito al menos 90 mil pesos. No puedo pagar seguridad, ni viáticos para escoltas. No puedo recibir donaciones, así que tengo que vender mis cosas”, lamenta.
De buscadora a abogada: el camino a la justicia
La búsqueda de su hermano la llevó a fundar el Colectivo 10 de Marzo, donde descubrió que, además de la ausencia de justicia, había una falta alarmante de asesoría legal para las familias de desaparecidos.
Ser madre buscadora no solo la hizo abogada, sino también vendedora y artesana. Para financiar operativos de búsqueda, ha recurrido a toda clase de estrategias: desde organizar rifas hasta vender la Barbie Buscadora, una muñeca vestida con la indumentaria que usan las mujeres que buscan fosas clandestinas.
También ha hecho llamados directos a los grupos delictivos para que liberen a sus víctimas o permitan trabajar a los colectivos de búsqueda.
“No es nada ilegal, nada fuera de la ley. Yo no tengo negocios con esa gente ni los tendré. En algún momento México tendrá que llegar a la justicia transicional, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial: las autoridades se sentaron con quienes cometieron atrocidades para conocer la verdad. Sin eso, las víctimas no van a tener paz”.
Su candidatura a jueza de distrito nace de su experiencia en juzgados, donde ha peleado durante años por los derechos de los desaparecidos. Pero sabe que su camino no será fácil.
Un activismo incómodo
Delia ha estado en el ojo público por su activismo. Fue ella quien hizo pública la existencia de “La Bartolina”, uno de los mayores campos de exterminio en México, ubicado en Matamoros. También ha llamado directamente a los grupos criminales para pedirles que liberen a personas privadas de la libertad.
Gracias a esos llamados, el año pasado se logró la liberación de tres menores en Reynosa, además de un maestro y un empresario secuestrados.
Delia es consciente de que su activismo será usado en su contra durante la campaña, pero no le preocupa. Dice que en su vida, los planes rara vez salen como los imagina. Excepto cuando se trata de encontrar personas. Y ahora, su nueva búsqueda es distinta: no busca a un desaparecido, sino un lugar en el sistema judicial del país.
SJHN