El crecimiento de los delitos cibernéticos y la falta de un marco regulatorio sólido, dejan a los ciudadanos y empresas vulnerables, alertan especialistas. Llaman a los tamaulipecos en la Cámara de Diputados a incluir y priorizar el tema.
Manuel Barajas Brambila, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) Sección Tamaulipas, dijo que la ciberseguridad es uno de las grandes pendientes en la agenda parlamentaria.
“Es un reto para nuestros representantes en San Lázaro ahora que empieza el nuevo periodo ordinario de sesiones porque se han disparado los delitos cibernéticos y urge que le entren al tema”.
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Señaló que la ley sobre ciberseguridad ya no puede esperar más, pues a medida que aumenta este tipo de ilícitos se hace cada vez más notoria la ausencia de un marco normativo sólido y la vulnerabilidad de la sociedad.
“Los sectores productivos también se ven muy afectados, las empresas sufren pérdidas cada año al no existir esa regulación efectiva que ayudaría a disminuir la delincuencia cibernética que hoy actúa impunemente”.
El jurista expuso que los diputados federales tamaulipecos deben voltear a ver este tema y acercarse con representantes de todos los sectores para conocer sus inquietudes.
“Es necesario impulsar una legislación moderna que proteja la información, prevenga ataques cibernéticos, fraudes, y establezca estándares claros de seguridad digital”, enfatizó.
Barajas Brambila, mencionó que la capacitación en ciberseguridad debe ser una prioridad tanto en el sector público como en el privado.
Jornada laboral
Por otro lado, sobre la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, comenta que traerá una mayor demanda de horas extras, lo que aumentará los costos para las empresas.
“Sin embargo, también abre la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fomentar la creación de nuevos empleos”.
Expone que las empresas deberán adaptarse con estrategias como la flexibilidad laboral y la optimización de procesos para mantener su competitividad.
Respecto al traslado de las funciones de acceso a la información y protección de datos personales a la Secretaría de la Función Pública, dijo que esto plantea dudas sobre su independencia y capacidad operativa.
“Si bien la centralización podría mejorar la eficiencia, es crucial que se garantice la autonomía y la supervisión efectiva para evitar que la transparencia se convierta en un tema político. Para las empresas, esto significa reforzar los mecanismos de protección de datos y cumplimiento normativo”.
Prisión preventiva oficiosa
En cuanto a la prisión preventiva oficiosa, Manuel Barajas estima que puede derivar en un problema de sobrepoblación carcelaria y detenciones arbitrarias.
“En lugar de priorizar el encarcelamiento sin juicio, el sistema de justicia debe enfocarse mejorar la investigación y el debido proceso”.
Agregó que medidas alternativas podrían generar un equilibrio entre la seguridad de la sociedad y la protección de los derechos fundamentales.
“Las reformas actuales representan una oportunidad para mejorar distintos aspectos de la vida de México, pero su éxito dependerá de una implementación efectiva y del compromiso de la ciudadanía en su supervisión; para el sector empresarial, estos cambios significan retos en materia de cumplimiento, costos y adaptación a nuevas normativas”, apuntó.
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SJHN