En el interior de la iglesia de San Laurel, Misisipi, al menos 20 hispanos escuchan atentos las recomendaciones de un grupo de abogados que de forma voluntaria se han acercado a ayudarles. La mayoría de los presentes son mujeres mexicanas acompañadas de uno o dos pequeños. A diferencia de otros días, hoy tienen el rostro pálido.
Esos niños que no tienen ánimo ni de perderse en el teléfono móvil son los hijos de algunos de los hombres y mujeres que fueron detenidos tras las redadas a siete plantas procesadoras de pollo en el estado. Están ahí porque desde el miércoles 7 de agosto no han podido comunicarse con sus padres.
Algunos fueron llevados por su madres. Otros solo por su papá. Y también están aquellos que son acompañados por sus tíos o vecinos. Lo que tienen en común es que su familia está rota y quizá por eso, por ratos, permanecen con la mirada fija en un punto, como si estuvieran perdidos. También hay otros que lucen cabizbajos y con las caras largas.
“Son pequeños y son los que más sufren en esta situación”, dice la abogada, Karla Vázquez, de la firma Elmore & Peterson Law, que se ha dedicado a asistir a los mexicanos detenidos luego de que ICE pusiera de cabeza esta esquina del estado.
En este grupo de al menos 35 niños hay decenas de historias que coinciden en la incertidumbre, el miedo, el coraje y la tristeza. Tres de éstas son las de Wendy Mendoza, José González y Melanie González, pequeños que ni siquiera han podido regresar a la escuela por temor a que les sean arrebatados aquellos integrantes de su familia que aún les quedan libres.
Wendy tiene 14 años y es la única de su familia que sí nació en Estados Unidos. Ha llegado a la iglesia católica acompañada de su madre, que asistió en busca de una opción para sacar a su esposo, Ramón González, de la base militar en Flowood a la que fue llevado junto con el resto de los detenidos.
Mientras Wendy espera a su madre, recuerda que un día antes de la redada su padre había llorado con ella, pues se decía orgulloso de verla entrar a high school. Sí, la mañana del miércoles todas las escuelas del estado iniciaban un nuevo ciclo escolar.
Tras ese primer día, el regreso a casa de Wendy no fue lo que esperaba: al bajar del autobús escolar estaba su hermano estacionado frente a la casa. Admite que le pareció un mal augurio.
“Él nunca llega temprano y por eso sabía que las cosas no iban bien. Al entrar confirmé lo peor, mi padre había sido detenido por agentes del ICE mientras empacaba pollo en la fábrica”, comparte.
Cuando Wendy se aleja la siguiente en acercarse es Melanie González, una pequeña de 12 años que a diferencia de los otros menores, sí está con su mamá y papá, pero lejos de su tía.
Su caso no es menos preocupante. La mañana del miércoles una de las primeras mujeres a las que detuvo el ICE fue a su tía Francisca González. La preocupación que tiene en vilo a esta pequeña radica en la salud de aquella mujer de 43 años que no sabe leer ni escribir.
“Los doctores dijeron que no puede estresarse porque si lo hace le puede dar un coma diabético y eso me tiene aterrada. Ayer hablamos con ella y en lo único que piensa es en querer salir de ahí para poder pagar su casa y enviarle dinero a sus hijas que viven en México”, comparte la pequeña mientras tartamudea, suspira y lleva las manos a su rostro.
De acuerdo con Karla Vázquez, la asesora jurídica de Elmore & Paterson, tan solo en el condado de Forest al menos 150 niños, hijos de migrantes, dejaron de asistir a clases desde jueves 8 de agosto. La razón, los menores tienen miedo de que detengan a sus familiares y que al regresar no los encuentren.
Uno de ellos es José, quien por ser el hijo mayor de Pedro, decidió no abordar el autobús escolar, pues dice, tiene la responsabilidad de cuidar a su madre y dos hermanos hasta que regrese su papá.
“No entiendo por qué si es una persecución de bad hombres, el presidente Trump está deteniendo a hombres buenos que solo buscan una mejor vida para nosostros, sus hijos”, finaliza el menor con una mueca de coraje.