La defensa de México pidió a la Suprema Corte de Estados Unidos no desechar su demanda en contra de fabricantes de armas demanda en contra de las empresas fabricantes de armas argumentando que no aplica la inmunidad de la ley en este caso dado que comercializan sus armas sin restricciones y deliberadamente sabiendo que llegarán a manos de criminales a través de un pequeño grupo de distribuidores “corruptos”.
La representante del equipo legal que acompaña a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la demanda, Catherine Stetson, explicó además, que hay empresas que producen pistolas especialmente dirigidas para los jefes e integrantes de los cárteles de la droga con nombres en español y diseños llamativos. Pero además, a estos artefactos se les puede borrar el número de serie, lo cual impide su rastreo.
“Los acusados suministran a los distribuidores todas las armas que pueden pagar sin ninguna condición de seguridad pública, incluso si se ha determinado repetidamente que un distribuidor de armas ha violado las leyes de armas, ha sido acusado, sus empleados han tenido licencias federales de armas revocadas o ha suministrado repetidamente a cárteles sospechosos y ventas obvias a traficantes, incluidas ventas al por mayor repetidas”, expresó la abogada en una sesión de hora y media.
En este sentido, Stetson agregó que los fabricantes de armas pueden saber con exactitud, por la información que reciben de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego (ATF) cuáles de los distribuidores son el problema “son distribuidores corruptos”.
Y explicó que hay estimaciones de que llegan a México al año más de medio millón de armas de fuego de manera ilegal, lo cual significa apenas 2 por ciento de las armas fabricadas en Estados Unidos.
“Creo que la cuestión no es tanto si son dos, 10 o 70. Es si estos fabricantes saben quiénes son los distribuidores deshonestos y qué están haciendo. Y esta denuncia en todos esos párrafos que les leí antes y muchos otros a su alrededor, dice específicamente que estos fabricantes conocen los datos de rastreo que muestran a los distribuidores, que muestran las ventas en masa que se están realizando a los traficantes que vienen repetidamente durante un corto período de tiempo y traen las armas a México, donde se encuentran en escenas de crímenes”, remarcó.
Y es que los fabricantes argumentan que están protegidos por la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas que otorga inmunidad legal a los fabricantes, distribuidores y vendedores de armas contra demandas civiles por el uso ilegal de sus productos.
En este sentido, la defensa de Smith & Wesson e Interstate Arms, representada por el abogado Noel Francisco, alegó que no existe una relación directa entre los fabricantes de armas y la comisión de delitos.
Y consideró que se debe revocar la demanda pues afecta la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos de poseer y portar armas.
“No se trata sólo de proteger a los fabricantes, distribuidores y minoristas, sino de proteger el derecho de cada estadunidense a ejercer su derecho de propiedad en virtud de la Segunda Enmienda. La Segunda Enmienda permite la posesión y portación de armas de fuego. Ese derecho no tiene sentido si no hay hombres que las proporcionen. Fabricantes, minoristas y distribuidores en primer lugar. Pedimos que se revoque”, apuntó.
Francisco comparó los alegatos de México con la posibilidad de que la empresa fabricantes de cerveza Budweiser es responsable de cada accidente causado por bebedores menores de edad “ya que sabe que los adolescentes comprarán cerveza, conducirán borrachos y tendrán accidentes”
“El primer circuito se mostró muy serio al aceptar esa teoría inverosímil y debería revocarse”, insistió.
Se tiene previsto que la Suprema Corte de a conocer su decisión a mediados de este año.
SNGZ