Una de las grandes promesas del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez, quienes toman posesión este domingo, es completar la pacificación del país que inició su antecesor Juan Manuel Santos (2010-18) y que fue bloqueada por el saliente Iván Duque (2018-22).
Salvo la oposición de la extrema derecha del ex presidente Álvaro Uribe (2002-10) y del propio Duque, la gran mayoría de los gestos desde la clase política son favorables, al igual que desde la mayor agrupación todavía en armas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La novedad es que las principales organizaciones criminales de Colombia –como la banda llamada “Los Mexicanos”– han pedido ser incluidas en el proyecto de “Paz Total” de Petro con “garantías iguales a las que han obtenido los miembros de otros grupos armados”. En otras palabras, piden trato de organización política.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, sólo en el último año, la violencia ha expulsado a al menos 60 mil personas de sus hogares y se han producido más de 300 ataques contra civiles, fuerzas de seguridad e infraestructura.
Roy Barreras, miembro del Pacto Histórico de Petro, prometió al asumir la Presidencia del Congreso que todos los grupos en la ilegalidad tendrán “una oportunidad”, aunque son “dos caminos distintos”, uno de los cuales “tiene que ver con las insurgencias” y el otro con “el sometimiento a la justicia penal ordinaria de las bandas criminales”.
Este doble reto, explica a MILENIO León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES, un centro de pensamiento), significa, por un lado, desarmar la violencia política, que desde el Acuerdo de Paz de 2016 con la organización guerrillera entonces más grande, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se circunscribe al Ejército de Liberación Nacional (ELN); y por el otro, terminar con la violencia por rentas ejercida por agrupaciones criminales tradicionales, como el Clan del Golfo, y por las llamadas “disidencias de las FARC”.
El retorno de la no violencia
Después de pactar la desmovilización de las FARC en 2016 y la integración de sus miembros a la vida social y política, el ex presidente Santos abrió en 2017 una negociación con el ELN que, a raíz de un sangriento ataque contra una escuela de policía, fue paralizada por su sucesor Duque.
Este, además, está acusado de favorecer un clima de impunidad en el que al menos 269 ex guerrilleros desmovilizados –y un millar de líderes sociales ajenos a las guerrillas– fueron asesinados, de permitir que grupos rivales ocuparan los territorios abandonados por las FARC y en general por el fortalecimiento del crimen organizado, con complicidad de militares y funcionarios públicos.
Aunque las FARC y el ELN tuvieron malas relaciones y llegaron a enfrascarse en guerras de las unas contra el otro, hoy el Partido Comunes (en el que se transformaron las FARC) es una de las fuerzas de la coalición petrista que insisten en reanudar el diálogo roto por el presidente Duque. Luis Alberto Albán, quien con el alias de “Marcos Calarcá” fue diplomático y negociador de las FARC y hoy es vicepresidente de la Cámara de Representantes, señala a MILENIO que “ya existe un temario de discusión” y propone “sentarse con ellos y mirar la oportunidad histórica, cómo podemos acelerar”.
Pero rechaza las precondiciones que había impuesto el gobierno saliente:
“No puede ser que (exijan que) el ELN se siente en la mesa sólo después de haber renunciado al secuestro, a las armas, al contrabando, al reclutamiento. Una guerrilla, renunciando a todo, ¿qué va a negociar? Hay que sentarse a la mesa y ver. ¿Vamos a negociar en medio de la guerra? Listo. Pero se aguantan y nos aguantamos. Duelen los muertos del lado que sean. Sí, duelen. Pero eso es la guerra”.
A la pregunta de si no debería establecerse primero una tregua, responde que “no necesariamente. A nosotros no nos tocó así. No hicimos tregua sino al final”.
“La prioridad (de la pacificación) debería ser el ELN”, dice, en entrevista por separado, León Valencia, quien fue miembro de esa organización y se desmovilizó con un grupo disidente, en un proceso de paz en 1994, y ahora es un reconocido politólogo. La dificultad es que, al contrario de las FARC, “que hacían una negociación nacional, el ELN tiene un plan regional y de ver cómo legalizan su poder regional. No es una negociación (de que el) Comando Central (del ELN) va para el Senado y la Cámara. Los señores de allá dicen qué vamos a hacer con el poder y la economía en Arauca”, y así en otras regiones donde tienen una presencia significativa, como el Catatumbo (Norte de Santander), Chocó y Nariño (región Pacífico).
Una complicación añadida es que el ELN ha internacionalizado su presencia al penetrar en los estados venezolanos Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas, involucrándose en actividades como minería ilegal y contrabando de combustible, como pudo constatar este reportero en visitas a esas regiones.
En todo caso, la organización guerrillera dio muestras de voluntad al anunciar dos treguas unilaterales para facilitar sendas rondas de la elección presidencial, y el 4 de julio, una semana después de la victoria de Petro, su Comando Central declaró que “el ELN mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar, pero también su plena disposición para avanzar en un proceso de paz”.
La sede de las negociaciones sería Chile, por invitación de su presidente Gabriel Boric, según reveló Francia Márquez en una visita a ese país, el 28 de julio.
Los generales y el Clan del Golfo
Otros métodos deberían ser utilizados con los grupos que se dedican a la violencia por rentas, a pesar de que suelen simular que son organizaciones con objetivos sociales, pues como sostiene León Valencia, con tono irónico pero hablando en serio, “aquí todo mundo se echa un discurso político, los mafiosos clásicos se echaban un discurso político”.
De las antiguas FARC, algunos grupos declararon traidores a los que negociaron la paz y se mantuvieron en armas, aunque, desprovistos de ideólogos, sus objetivos políticos se diluyeron en la búsqueda de ingresos ilegales. De ellos queda una treintena, de los que destaca el de Gentil Duarte, que sobrevive al asesinato de su líder el 4 de mayo en el estado Zulia, Venezuela.
Un caso distinto es el de Iván Márquez, quién sí aceptó la desmovilización, pero después regresó a la violencia, actúa también desde el país vecino y podría estar herido de gravedad, por un atentado reciente. Valencia cree que, con sus compañeros, Márquez “está en un punto de no retorno, es difícil que alguien le tienda la mano. Estuvo acá, se devolvió, es como quemar las naves”.
Y con las demás bandas, prosigue Valencia, el próximo gobierno “tiene que hacer una nueva estrategia de destrucción de todas esas fuerzas y de sometimiento a la justicia, con incentivos judiciales para que ayuden a capturar a los otros”.
El 20 de julio, se difundió una carta firmada por jefes de las principales organizaciones criminales (Clan del Golfo, Rastrojos, Caparros, Shottas, Inmaculada y Los Mexicanos, que actúa en el departamento del Chocó, en el litoral del Pacífico, y se llama así “porque quieren parecerse a los que ven en las series”, según el alcalde de la ciudad de Quibdó), en la que piden ser incorporados a la pacificación sin dar detalles del cómo.
La gran dificultad, en todo caso, “es la corrupción y la alianza de sectores del Estado, de la policía, del ejército y políticos, con ellos”. Valencia refiere que cuando, como parte de una investigación, él y sus colegas entrevistaron a los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes de la extinta organización criminal Caballeros de Cali, estos les dijeron “nosotros, a la hora de la verdad, somos muy distintos a la guerrilla. La guerrilla se enfrenta al Estado. Nosotros, al contrario, estamos con el Estado para poder sobrevivir. Si nos enfrentamos al Estado, la perdemos. Cuando el Estado decida destruirnos, nos destruye”. Y eso fue así, continúa Valencia, “a ellos les tocó, cuando hubo la decisión de perseguirlos, los capturaron y se los llevaron”.
De las bandas criminales, la más importante es el Clan del Golfo, que sostiene un “Plan Pistola” (paga por cada policía asesinado) y en mayo impuso un paro armado en 170 municipios como represalia por la extradición de su jefe Dairo Antonio Úsuga Otoniel, quien antes de su traslado a Estados Unidos declaró ante un juzgado en Colombia que políticos de alto nivel y comandantes de las fuerzas armadas recibieron pagos de grupos paramilitares.
El jefe del ejército, general Eduardo Zapateiro, no tuvo nada qué replicar ante las afirmaciones de Otoniel. Pero sí alzó la voz contra Petro en abril –en lo que fue criticado como una inaceptable intromisión del militar en la campaña presidencial–, enojado porque el entonces candidato comentó que “mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”.
Ya presidente electo, Petro anunció que destituirá a la cúpula del Ejército, pues condujo a la fuerza pública “a perpetrar actos dantescos contra los derechos humanos”. Para evitar caminar junto a Petro en su investidura presidencial, Zapateiro anunció su retiro de las armas.
EHR