Todo el mundo habla sobre el clima, dice la ocurrencia, pero nadie hace nada al respecto. Joe Biden se presentó a sí mismo como quien por fin rompería con la tendencia demócrata de dar discursos sobre el calentamiento global sin hacer nada. Biden por fin emprendería acciones serias, pero en la práctica envía señales contradictorias. El martes, Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, dijo que Biden “busca por todos los medios que tenemos bajar los precios de la gas (gasolina)”, es incluye presionar a la OPEP para incrementar la producción de petróleo. Dos semanas antes, el presidente de Estados Unidos describió el calentamiento global como “código rojo, la nación y el mundo están en peligro”. Estas declaraciones se cancelan entre sí.
Cual de ellas es lo que realmente quiere decir Biden, esa es la pregunta de los 64 billones de dólares. La respuesta —que está de acuerdo con ambas— es muy ambivalente. La ansiedad que tiene Biden sobre el precio del petróleo es simple. Con un precio de más de 80 dólares por barril, el crudo se encuentra en un máximo de varios años. Alimenta el alto precio de los combustibles, lo que contribuye al aumento de la inflación de EU, algo que elimina gran parte del crecimiento salarial que la clase media debe estar disfrutando. Eso, a su vez, puede poner en peligro las oportunidades de los demócratas de mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de periodo del próximo año, algo que hundirá toda la agenda de Biden, incluidos sus planes para combatir el calentamiento global.
Esta concesión coloca a Biden en particular —y a la política estadunidense en general— en un dilema recurrente. El drogadicto que pide un poco más de sustancia para llegar a rehabilitación casi nunca se interna en la clínica. No hay duda de que Biden quiere hacer lo correcto, pero sigue encontrando razones para posponer la hora de la verdad. El mejor ejemplo es su rechazo de un impuesto al carbono. Biden prometió en la campaña no subir los impuestos a los ciudadanos que ganan menos de 400 mil dólares al año. Si esa promesa se limitara a los ingresos, cubriría más de 99 por ciento de los estadunidenses, una exclusión amplia dado el costo de las ambiciones de Biden.
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Pero lo ha interpretado de manera radical, para incluir cualquier tipo de impuesto, lo que descarta que los estadunidenses paguen impuestos especiales más altos para llenar sus tanques de gasolina. Renunciar a un precio más alto del carbono le quita a Biden ingresos obvios para financiar las grandes inversiones en sus dos proyectos de ley para “reconstruir mejor”. También está renunciando a la que por mucho es la herramienta más eficaz para reducir las emisiones, el incentivo del precio de mercado. Los republicanos odian el impuesto al carbono porque rechazan todos los impuestos y porque no toman en serio el calentamiento global. La izquierda desconfía de un impuesto al carbono porque depende del mercado para hacer el trabajo. También porque temen que cause una reacción negativa.
Como resultado, la legislación de Biden está repleta del tipo de microrregulaciones que habría enorgullecido al Gosplan (comisión de la planificación de la economía) de la Unión Soviética. Los detalles —exenciones fiscales a energía limpia, gasto en una red de electrolineras, objetivos de energía limpia para las compañías de servicios públicos— importan menos que el método. Es como si el drogadicto insistiera en probar la homeopatía antes de someterse a otros medios.
Biden apuesta por las regulaciones sobre los incentivos. La historia nos dice que esto ni siquiera es la segunda mejor opción, pero incluso si estas medidas se avalaran, lo cual está muy en duda, no acercarán a EU al objetivo de reducir las emisiones a la mitad (de los niveles de 2005) para finales de la década. “En el mejor de los casos, llegará a un tercio del camino”, me dijo un negociador de alto nivel en cuestiones climáticas.
¿De dónde vendrá el resto? La respuesta implica dos suposiciones heroicas. La primera es esperar que EU llegue a un punto en el que la mayoría acepte un precio al carbono. El momento más cercano será después de una reelección de Biden en 2024, pero es un albur. EU es la única democracia en la que uno de los dos partidos se niega a admitir el calentamiento global. Si fuera Biden contra Trump, el candidato demócrata tendría dificultades para luchar contra un oponente que califica un impuesto al carbono como socialismo. No importa que sea la solución del libre mercado.