El jefe de impuestos de Colombia defendió el aumento de las tasas a las compañías petroleras y de carbón para financiar la ambiciosa agenda social del nuevo gobierno de izquierda, un plan que provocó una furiosa reacción por parte del sector extractivo.
“No queremos cualquier tipo de inversión en un sector de energía”, dijo Luis Carlos Reyes, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), en entrevista con Financial Times. “Queremos incorporar a Colombia en esta transición energética por la que tiene que pasar el mundo entero si queremos seguir existiendo como especie”.
Gustavo Petro, un ex guerrillero urbano y primer presidente de izquierda del país, prometió en su campaña encabezar la transición energética y llevar a cabo una agenda más verde impulsando la agricultura y el ecoturismo.
Sobre si la nueva alza de impuestos ahuyentará la inversión en el sector petrolero, Reyes dijo que “queremos que la industria siga existiendo por el momento”.
“Nos interesa mucho más incentivar aquellos sectores que nos ayuden a la transición hacia la energía verde y todas las industrias ligadas a ella”, agregó.
El proyecto de reforma fiscal, si se aprueba en su forma actual, tiene el objetivo de recaudar 4 mil 700 millones de dólares en total y es esencial para que Petro pueda pagar su ambiciosa agenda social. Durante la campaña, también prometió una reforma de las industrias petrolera y minera de Colombia, que producen la mitad de las exportaciones del país.
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El presupuesto para 2023, aprobado por el Congreso la semana pasada, asigna 856 millones de dólares —un aumento de 62.6 por ciento respecto a 2022— al sector agrícola, que Petro defiende como un sustituto de las actividades extractivas.
En su versión actual, las firmas de petróleo y de carbón deberán aportar casi la mitad de los ingresos recaudados por el proyecto de ley de reforma a través de un recargo en el impuesto sobre la renta de las empresas —a una tasa de 10 por ciento en 2023, 7.5 en 2024 y 5 por ciento en 2025— y la cancelación de un estatuto que permitía deducir los pagos de regalías de sus facturas de impuestos.
Se espera que la reforma se apruebe dentro de un mes, mientras los líderes de la industria advirtieron que la carga que supondrá para el sector extractivo ahogará la inversión y la producción.
El petróleo y el carbón son las dos principales exportaciones del país, valoradas en 2019 en 12 mil 900 mdd y 4 mil 800 mdd, respectivamente, mientras que el crudo y la minería aportan hasta 8 por ciento del PIB, de acuerdo con datos del gobierno.
En un memorando, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas criticó la propuesta de reforma, alegando que elevará en 25 por ciento lo que se lleva el gobierno en nuevos proyectos y pondrá en riesgo 20 mil empleos directos.
“Estamos preocupados”, dijo a Financial Times Francisco José Lloreda, presidente de la asociación. “Estamos viendo un gobierno que, en contra de la dinámica internacional, parece no valorar esta industria”, lamentó.
Ecopetrol, de propiedad estatal y el mayor productor de Colombia, dijo en una carta al Congreso que la inversión que perderá con la reforma hará que la producción caiga en 100 mil barriles diarios en 2026 y arriesgará la balanza de pagos del país.
Petro no oculta su aversión a las industrias extractivas. En campaña electoral prometió detener los nuevos proyectos de exploración de gas y petróleo, aunque los mensajes de su administración sobre esa promesa han sido contradictorios. El mes pasado, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, declaró a Financial Times que la administración tiene previsto exigir licencias ambientales para la exploración minera.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, dijo que la reforma tendrá amplias ramificaciones macroeconómicas en un momento en que la economía del país es frágil.