McKinsey tendrá que pagar casi 574 millones de dólares y ya despidió a dos socios al anunciar un acuerdo sobre las afirmaciones de estados de EU de que sus asesorías a las compañías farmacéuticas contribuyeron a la mortal crisis de los opioides.
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Bajo el acuerdo anunciado ayer con los fiscales de 49 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios de Estados Unidos, la consultora no admitió ninguna mala práctica ni responsabilidad.
En cambio, los estados reconocieron su “buena fe y civismo corporativo responsable” al llegar a un arreglo en el que acordó retener documentos relacionados con su trabajo con opioides y adoptar nuevas políticas sobre la divulgación de conflictos de intereses entre clientes corporativos y gubernamentales.
Los socios que McKinsey despidió discutieron en correos electrónicos de 2019 —los cuales se dieron a conocer en el litigio— conversaciones con su comité de riesgos sobre “eliminar todos nuestros documentos y correos electrónicos”.
“Lamentamos no haber reconocido adecuadamente las trágicas consecuencias de la epidemia que se está desarrollando en nuestras comunidades”, dijo Kevin Sneader, socio gerente global de McKinsey. La firma enfatizó que cree que su trabajo fue legal.
En una carta a los empleados, Sneader señaló que el acuerdo con todos los estados, excepto Nevada, logró evitar un largo proceso legal y marcó “un paso importante para aceptar las consecuencias de un capítulo en la historia de nuestra firma del que no estoy orgulloso”.
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McKinsey todavía necesitaba establecer estándares más altos para sí mismo y para su profesión, indicó.
McKinsey pagará casi 559 mdd durante cuatro años a los estados para financiar programas de prevención, tratamiento y recuperación de opioides, y otros 15 millones a la Asociación Nacional de Fiscales Generales para cubrir los costos de investigación de los estados y financiar un archivo de documentos.
“Este es el primer acuerdo de opioides multiestatal que resulta en un pago sustancial a los estados para hacer frente a la epidemia”, señaló la oficina del fiscal general de Massachusetts en un comunicado que anunciaba el acuerdo. La suma supera por mucho los honorarios que McKinsey ganó por la asesoría que dio a los fabricantes de opioides.
Las autoridades habían presentado las demandas civiles después de que surgieron detalles de la asesoría de McKinsey a Purdue Pharma, propiedad de miembros de la multimillonaria familia Sackler, sobre cómo impulsar las ventas de OxyContin, su potente opioide de venta con receta.
Sus consultores instaron a los directores de Purdue a considerar si “acelerar el motor de ventas”, de acuerdo con una demanda que presentó el fiscal general de Massachusetts, alentándolos a dar instrucciones a los representantes de ventas a visitar a médicos con un historial para recetar grandes cantidades y dar a los pacientes el argumento de ventas de que eran “la mejor oportunidad posible de vivir una vida plena y activa”.
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“Las tácticas de mercadotecnia cínicas y calculadas de McKinsey ayudaron a alimentar la crisis de los opioides al ayudar a Purdue Pharma a dirigirse a los médicos que sabían que iban a recetar los opioides de manera excesiva”, dijo ayer la fiscal general de Nueva York, Letitia James. “Sabían de dónde venía el dinero y concentraron sus esfuerzos en eso”.
En diciembre, McKinsey rechazó la idea de que había tratado de empeorar la crisis de salud pública, pero admitió que “no estuvo a la altura” de su responsabilidad de tener en cuenta las posibles consecuencias de su trabajo.
“Los socios que trataron de encubrir sus acciones antepusieron las utilidades sobre el comportamiento responsable y actuaron de manera reprobable”, dijo Phil Weiser, fiscal general de Colorado, quien encabezó las negociaciones del acuerdo de los estados. Además agregó que McKinsey fue la primera empresa en trabajar con los estados “para solucionar el problema en lugar de negar su conducta”, al proporcionar un modelo para que lo sigan otras empresas.
La consultora desde hace mucho tiempo se presenta como un asesor de confianza para las compañías más grandes del mundo, varias de las cuales están dirigidas por personas que surgieron de McKinsey.
Su reputación sufrió una serie de costosos golpes por tareas no relacionadas que llevaron a la firma a emitir un nuevo código de conducta, fortalecer los controles internos y revisar cómo elige qué clientes aceptar.
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El acuerdo no logró satisfacer a varios críticos, como Tom Peters, el escritor de temas de administración que salió de McKinsey en 1981, que escribió en Twitter que creía que se debía obligar a los directores de la consultora a donar tres cuartas partes de su patrimonio neto a “causas curativas de opioides”.
Purdue acordó en octubre pasado pagar más de 8 mil mdd en un acuerdo penal y civil con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La compañía sigue en negociaciones con varios estados, condados y ciudades. Los miembros de la familia Sackler acordaron pagar 225 millones de dólares y negaron las acusaciones en su contra.
McKinsey también fue blanco de críticas por sus consejos anteriores a otros fabricantes de medicamentos, entre ellos Johnson & Johnson, que antes fabricaba opioides y era propietario de un fabricante de ingredientes opioides.
La consultora ya había dejado de trabajar en “cualquier negocio específico de opioides” en 2019. El acuerdo le impide dar asesoría a las empresas sobre “narcóticos potencialmente peligrosos de Clasificación II y III”.
“Con este acuerdo, esperamos ser parte de la solución a la crisis de opioides en Estados Unidos”, afirmó Sneader.
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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés), el número de muertes cada año por sobredosis de opioides recetados se cuadruplicó entre 1999 y 2018. Más de 232 mil estadunidenses murieron por sobredosis de opioides recetados en ese periodo.
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CAEN PETICIONES DE SEGURO POR DESEMPLEO
El número de estadunidenses que presentó nuevas solicitudes de beneficios por desempleo disminuyó la semana pasada, sugiriendo que el mercado laboral se está estabilizando mientras las autoridades empiezan a aliviar restricciones a los negocios relacionadas con la pandemia.
Los pedidos iniciales registraron una cifra desestacionalizada de 779 mil para la semana concluida el 30 de enero, comparado con las 812 mil de la semana previa, informó el Departamento del Trabajo.
La medida sigue por encima del pico de 665 mil tocado durante la Gran Recesión de 2007-09, pero por debajo del récord de 6 mil 867 millones del pasado marzo, cuando la pandemia llegó a EU.
Parte del elevado número refleja a las personas que están volviendo a solicitar apoyo después de que el gobierno renovó en diciembre un suplemento de 300 dólares por desempleo hasta el 14 de marzo, parte de un paquete de ayuda adicional valorado en 900 mil mdd.