Ya pasaron dos meses desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania y la niebla de la guerra aún oscurece el futuro del país. Una incertidumbre similar se asienta en todos los mercados globales, donde las restricciones económicas y comerciales con el objetivo de castigar a Vladímir Putin amenazan con desbordar la capacidad de las instituciones financieras para evaluar dónde se encuentran sus riesgos regulatorios. Para asegurar que las sanciones sean eficaces, los bancos necesitarán una importante ayuda internacional y pronto.
Para los gobiernos, la magnitud de las recientes incautaciones y congelación de activos no tiene precedente, desde yates hasta inmuebles residenciales y comerciales de propiedad rusa hasta congelar decenas de miles de millones de dólares de fondos rusos.
El panorama que pintan este tipo de medidas es incompleto desde la visión de las instituciones financieras encargadas de la implementación de las sanciones. Eso se debe a que nunca ha ocurrido algo como esto antes. Ningún otro Estado miembro del G20 fue sometido a tantas restricciones económicas y comerciales por parte de tantas economías, mucho menos en un espacio de tiempo tan corto.
Las sanciones se complican por el papel que tiene Rusia en el comercio. No solo es proveedor global de energía, también es exportador de trigo, hierro semiterminado, níquel en bruto y fertilizantes nitrogenados, una actividad que convierte a los sectores marítimos y de aviación en riesgos de cumplimiento. Todo esto refuerza la percepción de que las sanciones contra Rusia son difíciles de manejar y tomará tiempo para que puedan resolverse. Por desgracia, la realidad es aún más difícil.
Las sanciones obligan a los bancos a realizar revisiones de sus relaciones con los clientes, los activos que poseen, las transacciones y las contrapartes vinculadas a los pagos que procesan, todo lo cual se tiene que cotejar con el entramado de estructuras corporativas, inversiones y asociados vinculados a cada designado de alto valor. Pero las restricciones dirigidas a Moscú son más variadas y exigen que las instituciones limiten los servicios de banca corresponsal, impongan restricciones crediticias, apliquen controles de exportación e identifiquen a las personas que poseen o controlan las entidades jurídicas que participan en la actividad.
Queda por resolver cómo evadirá Rusia las sanciones, cómo mitigarán las empresas los riesgos que conllevan y qué orientaciones habrá sobre las nuevas normas de Reino Unido y la Unión Europea que restringen los retiros de fondos de los ciudadanos rusos.
No se sabe hasta qué punto los bancos tendrán que rendir cuentas por no detener los pagos prohibidos o congelar los fondos. Lo que es seguro es que muchos se quedarán cortos sin una colaboración adicional. Esto significa que los profesionales del cumplimiento de las sanciones y la lucha contra el lavado de dinero tendrán que trabajar a nivel interno y con colegas externos para prepararse para las posibilidades que se avecinan. Los gobiernos deben colaborar directo con el sector privado.
Si queremos asegurarnos de que las sanciones apoyan al pueblo ucraniano al hacer que el precio de la invasión sea inaceptablemente alto para Rusia, tendremos que hacerlo de una manera coordinada que reconozca el gran esfuerzo que se lleva a cabo en el sector financiero. La causa aquí es justa, pero la herramienta de política exterior de las sanciones —el cañón fiscal en lugar de uno real— solo resultará útil si el barco que lo transporta no se pierde en el mar.