Ante una baja recaudación fiscal y los bajos ingresos petroleros que se han profundizado por la pandemia, se plantea la necesidad de tener un nuevo pacto fiscal que genere más ingresos para los estados y así garantizar mejores condiciones de vida para todos los mexicanos, coincidieron especialistas.
Los gobiernos de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Jalisco, Colima y Guanajuato hicieron un llamado al gobierno federal desde junio pasado a tomar acciones para la reactivación económica y social, y esto también puso sobre la mesa la necesidad de un nuevo pacto fiscal.
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De acuerdo con información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Primera Convención Nacional Fiscal se realizó en 1925, pero hasta 1953 se promulgó la primera Ley de Coordinación Fiscal. Con el gobierno de López Portillo se inició una segunda etapa, en un esfuerzo de centralización de las facultades de la política recaudatoria, con la promulgación de la Ley de Coordinación Fiscal de 1978 que dio origen al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), que es la base del arreglo institucional actual.
A partir de entonces, estados y municipios ceden parte de sus atribuciones fiscales a la federación a cambio de obtener participaciones provenientes del Fondo General de Participaciones, una bolsa derivada de la Recaudación Federal Participable, que se da en función de los impuestos, así como de los derechos de extracción de petróleo y minería, y de la resta de otros elementos.
A estas estipulaciones en 1990 se les realizaron ajustes, en el periodo presidencial de Ernesto Zedillo se inició una tercera etapa del SNCF y en 2006-2007 se reconoció que todos estos mecanismos tenían una problemática, ante la enorme dependencia de los estados y municipios, por lo que se implementaron reformas en las reglas para el ejercicio y la distribución de las transferencias federales, con el propósito de generar mayor equidad entre las entidades federativas y darles mayor responsabilidad en la recaudación local.
De esta manera, añadió el BID, el Fondo General de Participaciones se distribuye 60 por ciento en función del crecimiento económico de la entidad federativa del año anterior, 30 por ciento de acuerdo con el esfuerzo recaudatorio estatal promedio de los últimos tres años y medio sobre las potestades recaudatorias de los estados y 10 por ciento en función del peso relativo de la recaudación local respecto al total nacional.
No obstante los ajustes realizados, el actual pacto entre la federación y los estados ha generado una gran dependencia de estos últimos de recursos federales y ha debilitado su capacidad de recaudación a nivel local, aseguró.
El socio fundador de Pondera, especialista en finanzas públicas y ex funcionario público, José Rodríguez Pueblita, explicó a MILENIO que toda la legislación en materia fiscal ha cumplido con algunos objetivos, pero con otros no. Por ejemplo, se han establecido puntos claros sobre quién recauda, cómo es que se reparte y para qué; sin embargo, no se ha cumplido con fortalecer las capacidades recaudatorias y de gasto de estados y municipios.
“En el esquema centralizador en educación y salud hay un reconocimiento de que los estados no han gastado como deben o como se espera, se sigue sobre gastando, hay sobreprecios, no hay claridad de qué se está gastando en los insumos o que hay más personal del que se requiere”, señaló.
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Con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los ocho estados que hicieron un llamado al gobierno federal para impulsar la reactivación económica aportan 29 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el resto se reparte en las otras 26 entidades.
Para el socio fundador de Pondera, los estados que han pedido una revisión del pacto fiscal son aquellos más fuertes, en los que han crecido mucho sus haciendas y que se sienten más seguros para sentarse a negociar, pero hay otros sentados que no necesariamente son tan fuertes como los del sur-sureste que no lo han pedido, esto porque la fórmula del pacto fiscal ha tratado de mantener una igualación en los estados.
Pedro López Elías, presidente de López Elías Finanzas Públicas, indicó que Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen las tasas de pobreza más altas, lo que muestra que estos estados no han hecho lo debido con los recursos que se les asignan, por lo que lo expuesto en los 70 de garantizar mejores condiciones para la población no se ha logrado.
“No es de extrañar que los estados que más recaudan estén pidiendo cambios en las reglas del juego. Yo creo que sí hay que hacer un replanteamiento, en dos o tres meses, una vez que pase la crisis por la pandemia, hay que empezar a discutir este tema, teniendo un problema como es la pandemia, va a ser muy difícil que el país pueda avanzar en estas condiciones”, apuntó.
La Secretaría de Hacienda informó que durante el primer semestre, los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2 billones 603 mil 7 millones de pesos, monto inferior en 168 mil 966 millones de pesos a lo previsto en el programa y menor en 3.7 por ciento, en términos reales, respecto al primer semestre de 2019, afectados por menores ingresos petroleros y por menor reacudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
EN CIFRAS
29% aportan al PIB nacional los ochos estados que hicieron un llamado al gobierno federal para impulsar la reactivación.
2 billones 603 mil mdp fue el ingreso presupuestario del sector público en el primer semestre, 3.7% menor al mismo periodo de 2019.
GGA