En una cosa coinciden todas las “verdades” que conocemos del caso Ayotzinapa: Iguala, su policía y su gobierno estaban en manos del crimen organizado, asesinaban con impunidad y esto lo sabían en el gobierno estatal, el gobierno federal y en el Senado de la República mucho antes de aquella trágica noche.
Así era, así es la justicia mexicana. ¿Podría esto haber cambiado lo que sucedió esa noche? Imposible afirmarlo, imposible descartarlo.
El 1 de octubre de 2015, los alumnos de la clase de periodismo jurídico de la maestría de Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE publicaron un amplio reportaje en la revista Nexos¹ sobre la acusación de homicidio que pesaba sobre el alcalde José Luis Abarca que la fiscalía estatal había investigado y que la Procuraduría General de la República ignoró.
Dice el reportaje: “La revisión de más de 7 mil hojas del expediente de aquel homicidio dice algo escalofriante: autoridades estatales y federales, instituciones de seguridad y justicia de todos los ámbitos, legisladores de Guerrero y federales sabían que Abarca era sospechoso de esos homicidios, y tal vez de otros. Lo sabían desde por lo menos un año antes de la noche de Iguala. Lo discutieron en reuniones privadas y se debatió en público, incluyendo la tribuna del Senado de la República. Si Abarca era presidente municipal de Iguala el 26 de septiembre de 2014 no fue por falta de pruebas en su contra, sino por la omisión deliberada de las autoridades facultadas para investigarlo y consignarlo. Y la tragedia de aquella noche tal vez podría no haber sucedido”.
De hecho, el entonces presidente municipal está hoy detenido por aquella acusación.
En el reportaje se cuenta la insistencia del gobierno de Guerrero y de René Bejarano su corriente en el PRD para que la PGR detuviera a Abarca. Ayer en estas páginas contó el ex gobernador Aguirre: “le pedí que ejecutaran la orden de aprehensión por homicidio en contra de Abarca para evitar el protocolo del desafuero, ya que contaba con fuero constitucional en su carácter de presidente municipal en funciones. Su respuesta fue que sí, que procederían a su detención y que el asunto lo tomaría la subprocuradora Mariana Benítez, pues él tenía que ser atendido de una operación quirúrgica en la garganta”.
Nunca sucedió nada. La Iguala del 26 de septiembre de 2014 era la de Abarca y su policía, a pesar de todas las pruebas en su contra. Como siempre, como hoy, la política había triunfado sobre la justicia.
¹ “El primer asesinato de José Luis Abarca”, Nexos, 2015