No es que le vaya a importar mucho al Presidente, más bien calculo que hoy en la mañanera no le irá bien lo que ahora le cuento, pero ayer el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria presentó su informe sobre la visita a México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo visitó México del 18 al 29 de septiembre de 2023.
Van algunos puntos relevantes. Después de describir las decenas de miles de personas que están en prisión bajo la figura de prisión preventiva oficiosa y de condenar el aumento de delitos que merecen tal castigo, dicen: “El Grupo de Trabajo es consciente de que la detención preventiva oficiosa ha sido identificada como una violación del derecho a la libertad personal y puede potencialmente socavar otros derechos, como la presunción de inocencia, la integridad personal, la independencia judicial y la igualdad ante la ley.
“La prisión preventiva oficiosa ha sido considerada una violación de los derechos humanos en varias opiniones del Grupo de Trabajo, incluido en el contexto mexicano, y fue declarada una violación de las obligaciones de México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última le ordenó a México ajustar sus leyes para cumplir con los estándares internacionales.
“El Grupo de Trabajo conoció una nueva iniciativa legislativa que pretende reformar el artículo 19 de la Constitución y ampliar los tipos de delitos por los que se podría imponer la prisión preventiva oficiosa para incluir, entre otros, el narcomenudeo y otros delitos relacionados con drogas sintéticas. A juicio del Grupo de Trabajo, la aprobación de esta iniciativa contravendría las obligaciones de México en virtud del derecho internacional de derechos humanos, incluidos múltiples tratados de los que es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“El Grupo de Trabajo insta a México a armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando la detención preventiva oficiosa de la Constitución y estableciendo que esta solo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de fuga, la interferencia con las pruebas o la repetición del delito”.
Está claro, por lo que han dicho López Obrador y la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum –y los gobernadores de Morena—, que no tendrá efecto lo que diga la ONU o nadie más. Pero vale la pena consignarlo. Para cuando llegue el futuro.