Pese a no tener las facultades constitucionales y del fuero presidencial, el día de ayer, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación y formuló cargos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntamente violar los topes de financiación permitidos por la ley, durante su campaña electoral. El CNE es un órgano meramente administrativo y es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, según lo establece la Constitución de ese país, la única facultada para realizar cualquier investigación y eventualmente sancionar a un mandatario.
Sin embargo, se trata de un órgano administrativo formado por políticos con intereses particulares, que fungen como magistrados. La ponencia en contra de Petro fue formulada por Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, ambos asociados al uribismo (como se le conoce a la corriente liderada por el expresidente de ultraderecha Álvaro Uribe Velez). Prada, quien señala al mandatario colombiano de corrupción, está siendo investigado por el mismo caso de manipulación de testigos en el que está acusado Uribe Vélez, opositor acérrimo del petrismo, y en varias ocasiones ha sido cuestionado por sus alianzas con grupos ilegales.
El CNE jamás ha desempeñado un papel pulcro e imparcial en la vigilancia de las campañas políticas en Colombia, desde hace muchos años infiltradas por dineros ilegales y sin ninguna consideración por cumplir con topes electorales. Por ejemplo, no pasó absolutamente cuando campañas como la del expresidente Juan Manuel Santos se pasaron de los límites de gasto o cuando el narco financió la campaña del delfín de Uribe, Iván Duque.
Pero eso sí, los miembros del equipo de campaña de Gustavo Petro y el mismo presidente son señalados de no reportar ciertos gastos y de irregularidades en el pago a testigos electorales, entre otras acusaciones. Sin embargo, en la ponencia de los magistrados uribistas se reportan “errores” básicos como confundir permisos de vuelo con vuelos efectivamente realizados, elevando considerablemente los costos. Además, la propia auditoría externa contratada por el CNE para revisar dicha campaña, certificó el pasado 19 de septiembre la normalidad de todas las cuentas presentadas por Colombia Humana respecto a los gastos electorales.
En su momento, cuando se desempeñaba como Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro también enfrentó a otra entidad administrativa utilizada como partido político —hasta el día de hoy—: la Procuraduría General de la Nación, y la CIDH sentenció en ese entonces que una entidad administrativa no puede destituir a un ciudadano elegido popularmente.
Actualmente, en una situación similar, pero ahora desde el CNE, no solo se pone en peligro la institucionalidad de todo un país, sino que castiga a un proyecto elegido democráticamente en las urnas porque resulta muy incómodo para los poderes económicos y políticos que todavía ostentan el poder en Colombia.
La decisión del CNE llega cuando se discuten seis reformas clave para el futuro del país, en el Congreso colombiano: Agraria; Laboral; Política, que además busca reformar al CNE; de la Salud; Autonomía territorial; y al Sistema de Justicia.
Si bien no estamos frente a una investigación penal contra el presidente Petro, sí estamos frente a un intento de un órgano administrativo, ligado a la corrupción de los clanes políticos colombianos, de construir un camino y toda la narrativa necesaria hacia su destitución. Por supuesto que no son ignorantes de la ley y de sus competencias; se trata de una decisión tomada con plena conciencia de su ilegalidad en contra de la voluntad popular. El lawfare se escribe todos los días en América Latina.