Que los secretarios de Energía, Luz Elena González, y de Economía, Marcelo Ebrard, se reunieron con empresarios para hablar sobre la reforma que revisa el Senado, cuyo propósito es devolver el carácter público a Pemex y la CFE, todo como preámbulo del encuentro que sostendrá hoy la presidenta Claudia Sheinbaum con directivos de grandes firmas de México y EU, en el que tiene previsto explicar de primera mano y sin intermediarios los alcances de la reforma judicial que tanta suspicacia ha generado en el país del norte. Por cierto, en la cita de ayer estuvo Francisco Cervantes, líder del CCE, lo que confirma que sí han cambiado las relaciones del poder con la IP nacional.
Que el morenista Saúl Monreal reclamó ayer, justamente durante la discusión de la reforma sobre Pemex y CFE, que se le haya tratado como senador de segunda, pues lo dejaron al final del debate y solo se le permitió hablar durante tres minutos. En tanto, la bancada del PRI salió al paso de las acusaciones que la señalaron como responsable de haber completado el quorum que requerían Morena y aliados el sábado pasado para la insaculación de cargos del Poder Judicial que se votarán en 2025; su argumento es que la 4T por sí sola tenía los legisladores necesarios. Anotado.
Que la vacuna Patria, la gran apuesta del sexenio pasado en cuanto a desarrollo científico y que rompería los monopolios de la industria farmacéutica, finalmente no se aplicará en la campaña nacional contra el covid y otras enfermedades respiratorias. Resulta que el biológico enfrentó “grandes retos” en términos regulatorios, de infraestructura y disponibilidad de insumos, servicios y equipos, además de que no se cumplió el perfil de los voluntarios que participarían en las fases de investigación, todo según la empresa Avimex. En fin.
Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña, dejó para el 23 de octubre la sesión para resolver el caso de Mario Aburto Martínez, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. El tema está en manos de la ministra Lenia Batres, quien debe resolver entre confirmar el amparo otorgado al magnicida para que se mantenga firme la reducción de su condena de 45 a 30 años o reponer el caso. La vez pasada el convicto se quedó a un voto de su libertad.