Desde hace tiempo su labor gozaba de un reconocimiento social, pero no necesariamente se les reconocía como un actor político.
A partir de sus hallazgos en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, han pasado a tener una visibilidad y una prominencia que probablemente ni siquiera ellas deseaban.
La cobertura del evento en medios de comunicación nacionales e internacionales dice mucho de la magnitud del suceso y la importancia de su hallazgo. Es probable que hace mucho tiempo que México no figuraba en una nota tan dramática con connotaciones tan negativas y evidentes en los niveles de inseguridad que vivimos.
Con una consecuencia de que no ha parado solo en los hallazgos de las madres buscadoras. Ha habido respuesta incluso de los presuntos responsables de tales hechos en un polémico video del que no queda clara todavía la autoría o la intención por parte de CJNG.
Por parte del gobierno federal, en respuesta, ha ocupado el espacio de varias conferencias matutinas y una obligada respuesta. Buena parte de la discusión se ha dado en torno a la atribución de responsabilidades.
El tema es quién es responsable: ¿el gobierno local, el gobierno federal, o las fiscalías local o federal? ¿Es responsabilidad de este gobierno federal o del anterior? Lo cierto es que el trabajo de una iniciativa de la sociedad organizada ha pasado a ser más que relevante por lo que descubrió.
Parametría ha registrado desde hace tiempo la imagen de distintos colectivos que tienen un nombre en común de “madres buscadoras”. Su nivel de conocimiento. Un poco más de 4 de cada 5 adultos de este país las conocían, antes del publicitado hallazgo, al que nos referimos.
La opinión de la que gozaban, antes de recibir tanta publicidad, ya era positiva. Una de las preguntas que elaboramos en Parametría, con la idea de reflejar la legitimidad del movimiento más allá de la intencionalidad, fue: ¿Qué haría usted en caso de que estuviera en una situación similar y su hijo estuviera perdido? Más allá de la precisión en la redacción, esa era la intención. La respuesta fue contundente. Más de 8 de cada 10 padres dicen que harían lo mismo que las madres buscadoras.
Muy probablemente, la respuesta está sustentada en el hecho de que pocos creen que sus hijos (o la opinión pública en general) estuvieran involucrados en una actividad ilícita. Casi la mitad de la población considera que solo unos cuantos de estos casos de desaparición tienen que ver con actividades delincuenciales.
Nadie piensa que en su peor pesadilla vaya a perder un hijo, y mucho menos que este se dé como desaparecido, que es el único infierno peor que perderlo. Por ello, la respuesta de la mayor parte de la opinión en general y de los padres en particular fue coincidir con las madres buscadoras.
La legitimidad de las madres buscadoras está en la tarea más que en los resultados. Para sorpresa de muchos, lo que acaban de lograr con el rancho en Jalisco, son resultados. Más allá de si su propio hijo o familiar es el que está allí, es evidenciar la tragedia que sufren en general.
Nadie en su sano juicio puede cuestionar la legitimidad de las madres buscadoras. Son sus hijos. Por ello, su imagen es difícil de cuestionar.
En la dimensión de responsabilidades, es interesante que antes de la propuesta del gobierno federal de apoyar a las madres buscadoras, los ciudadanos y la opinión pública ya tienen una posición. El gobierno federal debe de apoyar. Es interesante que en este punto pudiera haber una controversia y allí nuevamente entramos al tema de atribución de responsabilidades.
El trabajo de las madres buscadoras se asume como la iniciativa y el del gobierno federal como complementario. Tal vez la pregunta a la opinión pública (que no tenemos hoy), es: ¿De quién es responsabilidad el tema?, ¿de madres buscadoras en busca de sus hijos, o del gobierno federal que debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos?
Es probable que en la discusión de estas atribuciones haya una discusión más de fondo. Una discusión con más elementos o terreno por explorar.
Nota Metodológica: Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar vigente. Representatividad: Nacional. N° de encuestas: 800 entrevistas cara a cara en vivienda realizadas del 20 al 23 de febrero del 2025. Método de muestreo: aleatorio sistemático con probabilidad de selección proporcional al tamaño. Marco muestral: secciones electorales reportadas por el INE. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error (+/-) 3.5 %. Diseño de cuestionario, muestra, operativo de campo y análisis: Parametria S.A. de C.V.