Uno de los caminos que tienen los juzgadores federales y el personal del Poder Judicial Federal de la mano de los ciudadanos, es utilizar una herramienta constitucional que los impulsores de la nefasta reforma judicial no vieron venir y que afortunadamente se esta ya utilizando y que dará mucho que hablar en los próximos días y que todos debemos apoyar. Me refiero a la llamada “Consulta Popular” que nos permitirá votar el primer domingo de agosto de 2025 el verdadero futuro del Poder Judicial incluyendo al de las entidades federativas.
La “Consulta popular” será ajena a las Acciones de Inconstitucionalidad o amparos que presenten los Partidos Políticos, y los afectados a quienes, la reforma judicial les esta violentando sus derechos humanos en forma por demás abusiva, y no tiene nada que ver cn la revocación de mandato.
La consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación y en ella, podrán votar los mexicanos en el extranjero.
Tiene su fundamento en la fracción VIII del artículo 35 Constitucional al ser este, un tema de trascendencia nacional y deberá, forzosamente, ser convocada por el Congreso de la Unión, siempre y cuando se reúnan, al menos, firmas de ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores en los términos que determina la Ley Federal De Consulta Popular.
Quien se deberá hacer cargo de dicho procedimiento es el Instituto Nacional Electoral que tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito del número de firmas necesario para que la consulta sea vinculante, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. La organización y desarrollo de la consulta popular será responsabilidad de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas en el ámbito central del INE; en lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.
Por ello se necesitarán dos millones de firmas a recabar de manera urgente antes del 30 de noviembre, una vez recabadas estas, el Instituto Nacional Electoral INE, quien deberá validarlas.
La trascendencia nacional del tema materia de consulta será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al repercutir en todo el territorio nacional, además de impactar en una parte significativa de la población. y su resultado será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federal así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan.
El INE deberá promover la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. Dicha promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.
Lo más importante es que durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia
El Aviso de Intención de consulta popular se presentó desde el pasado 11 de septiembre del presente año tanto ante el Senado de la Republica como ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Instituto Nacional Electoral ya activo una aplicación electrónica que te permitirá, teniendo a la mano tu Credencial de Elector, activar dicha herramienta y participar en el proceso de participación ciudadana.
México requiere conocer si de verdad existe apoyo real a la reforma judicial planteada, que el mismo planteo que era producto de una venganza de López contra el Poder Judicial, por lo que debe existir una campaña de información sería y verídica para que la ciudadanía evalué pros y contras de un cambio así de radical donde el único beneficiado será el partido en el poder y el crimen organizado que lograra impulsar jueces a modo, y posterior a eso, que los ciudadanos, ya bien informados, se expresen de manera libre y sin coacción alguna.
Enfrentamos una pésima reforma judicial, innecesaria y peligrosa, tan mal elaborada que día a día la están tratando de enmendar o corregir, ya que fue elaborada sin escuchar a los interesados, atropellada, sin técnica legislativa, con prisas y con grandes contradicciones en su contenido y enormes lagunas que tratan de parchar improvisando y sin resolver en nada su real problemática. De lo único que se trata es de controlar todo el sistema judicial por parte del partido político en el poder, con ministros, magistrados, jueces y personal a modo.
Entonces como ciudadanos libres impulsemos la Consulta Popular firmando la solicitud de la misma ante el INE y el primer domingo de agosto de 2025 votando en el sentido de la Consulta, es la manera mas sencilla de oponernos a la reforma y lo único que requerimos en este momento es voluntad para solicitar la consulta. Con tu apoyo mas de dos millones de votos será fácil obtenerlos. Convence a tu familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y porque no, a desconocidos. El país requiere tu participación.
En otro tema felicitaciones a Pablo Lemus ya que ahora sí es, con todas las de la ley, gobernador electo y por cierto, que barrida les puso a los abogados que llevaron los juicios por parte de Claudia Delgadillo, la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, al calificar los argumentos hechos valer en sus demandas como inoperantes, insuficientes, e infundados y sin pruebas.