Si existe un límite de velocidad pero no se vigila que se cumpla o si en una avenida el límite es 50 kilómetros por hora pero por sus características se puede circular arriba de 100 kilómetros por hora, va a ocurrir lo segundo. Como lo establece la ley de Murphy: si algo puede salir mal, va a salir mal.
Eso pasó y pasa en Guadalupe, Nuevo León, conforme un estudio reciente sobre la forma en que se comportan los conductores de vehículos en ese municipio.
Guadalupe es una de las ciudades mexicanas que superan el medio millón de habitantes y que forman parte de una conurbación. Sus 635 mil habitantes contribuyen a que el área metropolitana de Monterrey sea la tercera metrópoli del país.
Por sus calles circulan todos los días decenas de miles de automovilistas. De acuerdo con el Inegi, en la zona metropolitana de Monterrey (incluido Guadalupe) hay 430 vehículos por cada mil habitantes, con casi 2 millones de vehículos particulares y camiones de pasajeros en el estado.
En el estudio, cuyo objetivo fue estimar la prevalencia de exceso de velocidad al conducir en Guadalupe, se encontró que seis de cada 10 conductores (63.79por ciento) rebasaban los límites de velocidad en más de 20 por ciento, mientras que otro 34.83 por ciento “se desplazaban a una velocidad 50 por ciento superior a los límites permitidos”.
En sus conclusiones, las personas autoras del estudio encontraron que “los factores asociados al exceso de velocidad fueron la conducción de auto ligero, la presencia de elementos que obstruyen la visibilidad como autos estacionados y árboles y conducir durante los fines de semana”.
Ese estudio fue realizado en el verano de 2020 a instancias del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Nuevo León, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública.
El Instituto de Control Vehicular de Nuevo León estima que el parque vehicular en ese estado creció en una década 44 por ciento, al pasar de 1 millón 792 mil 905 autos en el 2011 a 2 millones 587 mil 209 en 2021.
Con Guadalupe comparten características otras ciudades mexicanas: Naucalpan, Chimalhuacán, Torreón, Tlalnepantla, Acapulco, Tlaquepaque, Durango, Tuxtla Gutiérrez, Apodaca, Cuautitlán, Escobedo, Irapuato, etc., donde podemos extrapolar algunas de las conclusiones de la investigación.
En resumen, la velocidad es un factor de riesgo que provoca muertes y causa lesiones permanentes en miles de personas; un factor que afecta la economía de las familias y pega directo sobre los costos de la salud pública; los siniestros viales que provoca o propicia cuestan millones de pesos a los municipios en tareas de atención de emergencias y atención hospitalaria.
Bajar y controlar la velocidad es una política pública urgente. Los estados y municipios pueden hacerlo, les toca.
O como lo señala el mismo estudio realizado en Guadalupe: “existe un alto potencial para disminuir significativamente los daños a la salud causados por colisiones de tránsito al impulsar estrategias específicas que busquen controlar la velocidad”.
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