De que hay necesidad de una reforma judicial ya nadie lo duda. Pero, cómo se tardaron. Era insostenible el primer intento de la oposición de defender al Poder Judicial bajo la misma consigna que se había utilizado contra la reforma electoral, aquella de que: “El INE no se toca”.
Y, sin embargo, a eso jugaron jueces y ministros a lo largo de estos últimos meses. Intentaron vender la idea de que intervenir la casa de los dueños de la impartición de justicia era mancillar un espacio profesional autónomo del cual dependía la democracia y el estado de derecho.
Afectarlo, dinamitaría la columna que sostiene a las instituciones o el ambiente de certidumbre que requieren los negocios en México. Una tesis tomada acríticamente por la oposición y la comentocracia, convertida así en caballito de batalla a lo largo de este verano.
Pero, una vez más, oposición y críticos resultaron incapaces de estar en sintonía con la realidad que experimenta y percibe la gran mayoría de los mexicanos. Un error que han cometido reiteradamente a lo largo del sexenio.
En el caso del INE había elementos para argumentar un desempeño aceptable a lo largo de los procesos electorales, en contraposición a las acusaciones de corrupción y sesgos políticos que esgrimía la 4T. Pero la defensa a ultranza del Poder Judicial resultó indefendible a los ojos de los ciudadanos.
Quien haya pasado por un litigio entiende que se trata de un mundo en el que la justicia es una mercancía, un juego de subastas definido por el mejor postor o quien posea la mayor influencia.
Y poco a poco surgen más evidencias de esta cloaca. Hace una semana Claudia Sheinbaum aseguró que la llamada “carrera judicial”, que en teoría sería afectada por la propuesta de elegir a los jueces en las urnas, es una mera simulación. Hoy son designados por favoritismo y, peor aún, una parte de ellos por un abierto nepotismo.
Este lunes, en la mañanera, el Presidente dio a conocer un estudio entregado al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte. En el reporte se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados “que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás”.
Parece pocos, pero hablamos de un padrón de jueces y magistrados federales en México de alrededor de mil 450 miembros. Una parte sustancial de ellos ha convertido la carrera judicial en un reparto de dádivas para los suyos, un verdadero patrimonio familiar. Además, habría 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes.
Sin duda, la elección en las urnas impone retos logísticos y financieros que habría que resolver para evitar los abusos que generaría una incorrecta puesta en marcha. Pero rechazar esta opción argumentando que cualquier modificación sustancial destruye la impartición de justicia en México es de una ignorancia mayúscula o de un cinismo malintencionado.
Lo que hoy tenemos es un gremio que se desempeña con enorme complicidad en materia de nombramientos y de actuación ética. Incluso los militares, otro estamento cerrado y con altas dosis de autonomía, han comenzado a someter a sus propios miembros a la justicia de los tribunales y, eventualmente, a un castigo de carácter penal, en los casos de violaciones más ostensibles.
No es así en la oficialía del Poder Judicial. ¿Conoce usted algún caso de un juez o magistrado que esté en la cárcel? ¿Y usted cree que no lo hay porque no existe corrupción en los tribunales? ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que sean ellos, justamente, los responsables de juzgarse a sí mismos? Esa es la sacrosanta carrera judicial que se está defendiendo.
Este domingo Norma Piña propuso un listado de acciones para mejorar el sistema de justicia. Un reconocimiento tácito a lo que señalo arriba: la imposibilidad de seguirse atrincherando en el argumento de que “la Suprema Corte no se toca”.
La tesis de fondo de esta propuesta de Piña y de su corriente es que, siempre sí, el sistema debe ser reformado (“dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”, sentenció ella misma). Ah, pero sin “demoler” al Poder Judicial. Es decir, el poder que nosotros los profesionales detentamos sin intervención de nadie más. Eso sí, prometemos hacerlo mejor.
La pregunta es por qué hasta ahora, a pesar de que la discusión lleva varios meses y desde el 3 de junio sabíamos que en septiembre la reforma propuesta por la 4T sería presentada en el Congreso. ¿Para qué esperar a que ya estuviera dictaminada y votada en la Cámara de Diputados y a unas horas de su promulgación en el Senado? Porque se trata esencialmente de un espectáculo político que no busca tocar el poder inmenso o las prestaciones con las que ellos se han regalado la impunidad absoluta de la que gozan.
Y, por lo demás, busca anticiparse al impacto del reporte que habrá de presentar este martes 10 de septiembre el Presidente sobre las irregularidades en el Poder Judicial, casos de delitos de sus integrantes y la protección que otorgan a la delincuencia de cuello blanco y del crimen organizado.
No, no me parece que la manera apresurada con la que Morena ha acometido la elaboración de esta reforma (y su muy probable aprobación en las Cámaras esta semana) sea la que merecería. Pero ese es otro tema. Lo que no es tema es la supuesta injusticia que se está cometiendo contra los que no han impartido justicia durante tanto tiempo.