No puede hablarse de un respeto irreductible a los derechos humanos mientras no se respete el derecho a una vida libre de corrupción, un concepto necesario que viene a ser la raíz de toda violación a los derechos universales entre los que se reconocen conceptos tan fundamentales como el derecho a la vida y a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos que corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.
Sin embargo el fenómeno de la corrupción es en sí el obstáculo que impide el desarrollo pleno de nuestra sociedad y por ende poder ejercer los derechos fundamentales económicos, políticos y sociales de los ciudadanos. Así que si México se jacta de ser un país en donde se respetan los derechos humanos deberíamos de empezar a cuestionarnos si el camino que estamos andando en el combate a la corrupción es el adecuado.
En 2019 México era el país 138 de 180 países a nivel mundial de acuerdo con el índice de Transparencia Internacional. En 2024, México obtuvo una calificación de 26 puntos de 100 posibles. La escala del Índice de Percepción de la Corrupción va de cero, la peor evaluación para un país, a 100, la mejor calificación posible. Con 26 puntos, México se ubica en la posición 140 de 180 países evaluados, vamos en declive.
“Los estados no pueden cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando existe corrupción extendida. Por el contrario, la privación de los derechos como la alimentación, la salud, la vivienda y la educación son algunas de las terribles consecuencias que produce la corrupción en los países latinoamericanos”, ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corrupción y Derechos Humanos, pero parece que en lugar de avanzar en esto vamos para atrás a pasos agigantados a los que sumamos por ejemplo la desaparición organismos autónomos.
No se trata de buenas intenciones, se trata primero de empezar a educar a los ciudadanos respecto a que la corrupción es de dos y empieza por la falta de valores y ética, conceptos que estando arraigados en nuestra vida soportan casi cualquier intento de corrupción.
Instituciones públicas, acciones orientadas a la transparencia, la rendición de cuentas, las buenas prácticas de gobierno y por supuesto una legislación que favorezca todo esto es básico, de otro modo quedaremos en el plano de corruptos y violadores de derechos humanos.